Dimitri Barreto P.

¿Exministros de Correa blindados en la Asamblea?

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Al ganar un escaño en las elecciones legislativas, aseguró inmunidad parlamentaria frente a todas las investigaciones abiertas tras su paso por el Gobierno anterior. Según la Constitución, podrá ir a juicio únicamente con los votos de dos tercios de la Cámara. Obtuvo solo uno de los tres bancos del Senado en disputa en la provincia de Buenos Aires, pero a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, le bastó para asegurarse protección, el 22 de octubre de 2017.

Esa coraza universal para los parlamentarios busca que no se entorpezca la tarea del legislador en su trabajo por transparentar cuentas.

Pero, en Ecuador, la fórmula tiene un matiz que cabe precisar. Es verdad que ocho exministros de Estado del régimen de Correa ostentan desde mayo de 2017 credencial de legislador en la Asamblea.

El ahora asambleísta Augusto Espinosa fue ministro de Educación cuando el abuso sexual a niños en el sistema educativo, por decenas y sin medidas de reparación. El ahora asambleísta Esteban Albornoz fue ministro de Electricidad cuando la cesión de Machala Power, con una glosa -aún por justificar- de USD 31 millones.

Pero quien crea que exministros de Correa dieron el salto a la Asamblea para gozar de impunidad se equivoca, al menos en teoría. La Constitución otorga inmunidad a los asambleístas solo por actos “relacionados con el ejercicio de sus funciones”.

En otras palabras, si un legislador exministro es juzgado por sus actos en esa Cartera, la Asamblea no podrá intervenir: no deberá (al menos en teoría) someter a votación si es procedente que un juez haga su trabajo o no. El beneficio máximo para un asambleísta procesado por lo hecho como ministro será ser juzgado en la Corte Nacional de Justicia y no por juez común.

En Argentina, en cambio, el desafuero de un diputado requiere siempre los votos del Parlamento. Aún las minorías -ahora Kirchner- tienen ese derecho: institucionalidad.

No, en Ecuador hasta la práctica política dista. En 2013 la Asamblea sorteó la Ley para dejar -sin pasar por los votos de dos tercios del Parlamento- que un juez ordenara apresar al asambleísta Cléver Jiménez por pedir -en tiempos en que ejercía como legislador- que la Justicia investigara a Correa en los hechos aún impunes del 30-S, un impresentable quiebre de derechos. Un botón de cómo para blindaje político no existe Ley en Ecuador.