Agustín Eusse

El martirio de la exclusión universitaria

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Por estos días, la angustia universitaria es por partida doble. Primero, uno de los centros de educación superior pública más numerosos del país -la U. de Guayaquil, con 80 000 estudiantes- examina los avances de su autoevaluación.

Hace dos años, la institución fue intervenida por el Ceaaces (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) que la ubicó en la categoría D -la última del escalafón- y le dio un ultimátum para que mejorara en cinco aspectos: academia, eficiencia académica, investigación, organización e infraestructura.

Desde el 2013 la universidad ha cumplido con varios estándares, pero aún tiene un largo camino por recorrer; por ejemplo, aumentar el número de profesores con doctorados, mejorar las bajas notas en investigación, reunificar las facultades, tecnificar la infraestructura, reducir la burocracia y combatir las tan arraigadas corrupción y politización...

Esa es, al parecer, la radiografía que presentan otras 18 universidades del país, cuya evaluación institucional se conocerá el primer trimestre del 2016. Esto, sin duda, permitirá transparentar el papel de las instituciones públicas y privadas, tan venidas a menos.

La segunda preocupación, y quizás la más importante que quita el sueño a padres de familia y estudiantes, se relaciona con la cada vez más escasa oportunidad que tienen miles de jóvenes de optar por una carrera universitaria a nivel estatal. “Como almas en pena por un cupo universitario”, se titula un reportaje que acaba de publicar la periodista María Belén Arroyo, en la revista Vistazo. Según la investigación, en septiembre, 276 000 postulantes rindieron las pruebas ENES. Los mejores puntuados tienen garantizadas becas de estudios en las mejores universidades del mundo o también pueden acceder a cupos en los centros públicos del país. Pero, pese a la tan mentada democratización del acceso que pregona el Gobierno, el artículo señala que 54 de cada 100 jóvenes de los sectores más pobres se abstienen de rendir estos exámenes y en los sectores medios, 49 de cada 100.