Miguel Rivadeneira

Las evidencias judiciales y carcelarias

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30 de September de 2013 00:02

Una independencia judicial insuficiente, la prisión preventiva deformada y el cada vez más grave hacinamiento carcelario demuestran la crisis de la administración de justicia. Esto ocurre más allá de los esfuerzos que se hacen administrativamente, los ingentes recursos que se han puesto -algunos en análisis de la Contraloría por presuntas irregularidades en la administración de la Judicatura de transición-, el mejoramiento de la infraestructura y de los sistemas, según el análisis presentado por la Fundación Debido Proceso, con sede en Washington.

Dos prestantes investigadores y catedráticos -el profesional nacional Jaime Vintimilla y el consultor peruano que asesorara antes en el Ministerio de Justicia, Luis Pásara- corroboraron esta realidad en Ecuador, pero también en Argentina, Perú y Colombia.

Las estadísticas del Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública y Ministerio de Justicia que cita el documento demuestran que en lugar de mejorar se ha ido para atrás. En el 2007, inicio de esta administración, se habló de una población carcelaria de cerca de 19 000 presos, con más del 50% sin sentencia.

Desde el 2007 se declaró la emergencia. Se hizo una reforma que redujo la población carcelaria a cerca de 10 000. Sin embargo, con el tiempo la situación se agrava. Los presos crecen día a día. Según el último dato oficial, existen 23 933 detenidos, de ellos 14 549 sentenciados y 8 619 sin sentencia. El resto, contraventores y con apremio. Las cárceles volvieron a llenarse con el abuso de jueces y fiscales de la prisión preventiva, que se entiende que es una medida cautelar extrema. Si antes estuvieron hacinadas, ¿cómo puede imaginarse hoy? ¿Esta es la nueva justicia? La falta de estadísticas completas en la Judicatura no ayuda. Según Luis Pásara, no les dieron datos de los procesos disciplinarios contra jueces y magistrados. Se considera que la injerencia del poder central es evidente. Se descalifica a ciertos jueces que de inmediato son sancionados. En cambio otros actúan al compás del discurso oficial.

Las pruebas siguen sumándose cuando ministros y altos funcionarios del Régimen viajan urgente a un país -incluso sin contar con la sentencia ejecutoriada- para tratar de extraditar a un político opositor polémico, declarado inocente en la Corte Nacional, pero luego se revisa la sentencia y le condenan a 10 años por asesinato.

La semana pasada una jueza, a pedido de la Defensoría del Pueblo, se apresuró a prohibir la circulación del libro crítico "Una tragedia ocultada" (que refleja las matanzas de indígenas en la Región Amazónica, de lo que deberían preocuparse) porque una "fotografía aparece en la invitación", lo que les resultó peor. En cambio, los grandes casos de corrupción en esta y otras administraciones siguen pendientes por años, en una prueba más de impunidad.