Miguel Rivadeneira

Evidencias de la corrupción

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mrivadeneira@elcomercio.org

El discurso y la propaganda oficiales quieren ir más allá de las evidencias inocultables en materia de corrupción. Los hechos hablan por sí solos, no hay crimen perfecto y, por tanto, quedan huellas aunque se intente negar, borrar o tapar porque algún día aparecen. Los casos se muestran, pese a las sanciones y amenazas contra medios de comunicación.

La falta de transparencia y de una acción oportuna e independiente de los entes de control e investigación, llamados por la Constitución a actuar y defender los recursos públicos, ha llevado a la instalación de una veeduría cívica con el aval de organizaciones sociales, a través de la denominada Comisión Nacional Anticorrupción. Quién puede tachar a la mujer de largas luchas sociales y al jurisconsulto y catedrático, con pensamiento social, que por décadas exhibieron sus cualidades y que hoy encabezan esta instancia moral y ética.

Antes de esta administración funcionó con éxito la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que actuó en forma independiente y estuvo integrada por reconocidos hombres públicos, que cada semana denunciaban actos irregulares, que en todos los regímenes se presentan. En esta administración se eliminó esta comisión y su trabajo se envió al Consejo de Participación Ciudadana. Empero, no ha cumplido el mandato constitucional, art. 208, que dispone como primera tarea la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Esta nueva comisión presentó un informe, entregado a la Fiscalía, sobre la investigación realizada al proceso de contratación pública para la construcción del proyecto hidroeléctrico Manduriacu. Allí recoge informes de la Contraloría en los cuales claramente se señala que en el proceso se realizaron ajustes y cambios a las especificaciones técnicas con el fin de mitigar las deficiencias que contenía el estudio de factibilidad avanzada. Tuvo un costo inicial de USD 124 millones y un valor final de USD 227 millones, con contratos complementarios y un monto no auditado por USD 57 millones.

Más grave aún es el caso de la compra de siete helicópteros Dhruv, cuatro de los cuales se cayeron y tres deberán quedarse en tierra, debido al peligro que generaban. Se habla de un perjuicio a la FAE por USD 2,4 millones, pero en la práctica el monto total de la compra llegó a USD 45 millones. El Ministerio de Defensa se vio obligado a anunciar la ruptura del contrato después de que la Contraloría determinara el perjuicio. ¿Y el daño moral y los muertos que causaron, no valen? El hecho se produce luego de más de seis años de la negociación y más de cinco años de que se denunciara en la Asamblea e incluso se pidiera un juicio político contra el titular de Defensa. Pero más pudieron en este proceso el posible encubrimiento y la impunidad frente al mal negocio tras la enorme inversión inservible. ¿Cuándo establecen a los responsables o quieren seguir con la propaganda de que es otro invento de la prensa?