En la reunión de representantes de las Academias Nacionales de Medicina de Latinoamérica que tuvo lugar en Santiago de Chile en octubre pasado, se insistió en la necesidad de que se implementaran investigaciones operacionales con el fin de evaluar cómo funcionaban y el impacto de los programas estatales considerados como prioritarios. En los países latinoamericanos tal evaluación era mandatoria una vez que lo que se programaba por lo general chocaba con imponderables que respondían a una realidad no conocida del todo, aparte claro está de las falencias tan características de las burocracias tercermundistas; a lo cual se suma esa conducta tan generalizada en los gobernantes de hablar de éxitos cuando en realidad el costo beneficio de una acción política no se compadece con los resultados.
Tales investigaciones operacionales pueden ser realizadas tanto por la misma dependencia estatal que fue la promotora y responsable de un programa como por otra dependencia de Gobierno o por organismos independientes que por lo general son las universidades.
Casos se dan, se han dado en nuestro país, en que una investigación operacional contemplaba la verificación de datos de laboratorio obtenidos por medio de técnicas de cierta complejidad. Es cuando la participación de una universidad es invalorable. Son los centros de estudios superiores los llamados a mantener laboratorios en los que los procedimientos que se emplean sean los más modernos, y no tan solo al servicio de los fines docentes sino de la investigación de buen nivel que se deben realizar. Como indicador un dato de laboratorio debe ser por sobre todo confiable hasta el nivel al que internacionalmente se haya llegado. Digamos de paso que esta es una de las razones por la que investigaciones realizadas en países como el nuestro no son publicadas en aquellos ‘journals’ de prestigio: los indicadores utilizados eran obsoletos.
Cuanto antecede porque son tres años los que lleva el gobierno del presidente Correa. Desde sus inicios se vio que corregir la malnutrición infantil era su programa estrella en el campo social. El empeño puesto en potenciar los programas ya existentes con la asignación de importantes recursos económicos, la puesta en marcha de acciones complementarias y una evidente voluntad política como la demostrada por la ministra Jeannette Sánchez, necesariamente ameritan una evaluación no solo de cómo han marchado tales programas sino también del impacto logrado. Son las investigaciones operacionales a las que se aludió en la reunión de Santiago. Los resultados servirían para corregir duplicación de acciones, superar las limitaciones que llevaron a coberturas menores a las programadas y a darle dinamismo al aparato burocrático. De procederse así, en tres años más de gobierno, Correa se sentiría orgulloso de su programa estrella.