Milton Luna

Evaluación educativa

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21 de April de 2012 00:01

Las recientes declaraciones del Ministerio de Educación (MinEduc), en las que señala su voluntad de emprender desde el próximo mes de septiembre un amplio proceso de evaluación de las escuelas y colegios de los sectores público y privado, han levantado una ola de preocupaciones.

La evaluación es un proceso positivo siempre y cuando tenga objetivos formativos, de corrección a los errores o de refuerzo a los aciertos. La evaluación será un desastre si se la utiliza para perseguir, estigmatizar, estandarizar o controlar. El MinEduc dice que evaluará para apoyar el mejoramiento de la educación en las instituciones. De ser así, está en lo correcto. Le tomamos la palabra.

Sin embargo, el MinEduc anuncia la evaluación como una novedad, y no la es. Durante estos seis años de “revolución educativa” este mismo Ministerio ha llevado a cabo varios ejercicios evaluativos a establecimientos, estudiantes y docentes que “revelaron” algo que ya sabíamos: la persistencia de la crisis de la calidad de la educación.

Los resultados de estas evaluaciones no retornaron a los establecimientos para desatar iniciativas o planes de mejoramiento. En el mejor de los casos decoraron por algún tiempo la página web ministerial y sin duda sirvieron para diseñar políticas educativas correctivas a ser implementadas por el “rector de la política”. Se conoció que una de ellas tuvo que ver con la implementación de numerosos procesos de capacitación docente.

En estas últimas semanas la Senescyt evaluó a los bachilleres. Resultado: la constatación de la pésima formación de un elevado porcentaje de los aspirantes a ingresar a la universidad. ¿Novedad? Ninguna… pero sí, indignación y vergüenza social por una crisis que está intacta.

Con este antecedente ¿vale ir a una nueva evaluación? Sí, pero para desentrañar aciertos y errores de estos seis años de gestión de la “revolución ciudadana” que debía combatir la consabida crisis; para comprender la incoherencia entre la enorme inversión realizada y los magros resultados en calidad de los aprendizajes y conocimientos de estudiantes y docentes y para, lejos de buscar culpables, construir Estado-sociedad, un plan para superar los problemas.

Se debe respaldar y demandar una evaluación objetiva e independiente del Plan Decenal que involucre la participación de la comunidad y que, sobre un enfoque de derechos, realice una indagación crítica e integral, desde el despacho ministerial hasta la más humilde escuela unidocente, de temas conceptuales y operativos de la política educativa revolucionaria.

Hay que estar atentos y rechazar cualquier intento de usar las evaluaciones para echar la responsabilidad de la crisis sobre los estudiantes o los docentes o para instalar un sistema discriminatorio de ranking y acreditación de inspiración neoliberal en escuelas y colegios.