Abigaíl Heras y Cristina Campaña son dos jóvenes, no sé cuán idealistas, ni cuán activistas sociales o políticas -no importa tanto aquello- que parecería que éticamente están plagiadas por el entorno del poder del Estado. Plagiar es privar ilícitamente de libertad a seres humanos. Puede ser que contra las dos jóvenes se exhiban órdenes de detención provisional y se exprese que por más de 10 meses –desde el 3 de marzo del 2012- han sido vejadas y humilladas, por la sospecha de atentar contra la seguridad del Estado, en espera de que sean juzgadas, pero en lo ético el retardo en juzgarlas haría pensar que aún no se ha podido alcanzar las pruebas que las incriminen.
En la justicia penal no debe haber detención preventiva si los indicios previos a aquélla no se aproximan a la evidencia de la comisión de un delito. Con los capturados en Luluncoto –y en otros procesos contra activistas sociales- se ha invertido el principio. Primero se los arrastra a la cárcel y luego se busca cómo mantenerlos en prisión.
El entorno del poder con jueces obsecuentes, por presión o por miedo, “legaliza” las privaciones de la libertad.
¿Acaso en la Alemania nazi los campos de concentración no estuvieron “legalizados”? ¿O los enviados a Siberia, por el entorno del poder soviético, en tiempos de Stalin, no habían sido juzgados por “sus jueces”? ¿O para los recluidos en Guantánamo, por el poder norteamericano, no hay un aparataje jurídico? Claro que el huésped de la Embajada del Ecuador en Londres, Julián Assange, ya calificó de insignificante a lo que suceda en nuestra patria.
Me niego a creer que el presidente Correa sea el ordenante de lo que puntualizó. Por eso, a él apelo, como dirigente estudiantil de la Universidad Católica y activista social, de décadas atrás, para que se sensibilice y una palabra suya de comprensión para las jóvenes haga el milagro que los jueces le pierdan el miedo a decidir sobre su libertad. De lo que sé, él nunca ha estado preso, pero debe imaginarse lo que marca a las/los jóvenes la prisión.
La otra cara de la medalla. El martes 8 de enero se publicó que el abogado de Pedro Delgado, Juan Carlos Carmigniani, explicó que el viernes 4 de enero, el Gobierno le propuso a su cliente “un pacto para que regrese al Ecuador. Según él, este recibió la llamada del cónsul Eduardo Rivadeneira, supuestamente a nombre de la embajadora Cely -acreditada en Washington-. La propuesta era que regrese y la justicia solo le pondría medidas alternativas, no prisión”. Delgado no habría aceptado. En el transcurso del mismo martes, se publica que se ha ordenado la prisión de Delgado, lo que resulta extemporáneo, por cuanto con pasaporte diplomático, sin tener ya cargo alguno, días atrás, y pasó por migración, sin que se le haya retenido el pasaporte.