El fallo del juez temporal Juan Paredes contra diario El Universo y a favor del presidente Rafael Correa crea pésimos precedentes jurídicos y políticos. Quienes creen que no habrá repercusiones cívicas y éticas son demasiado optimistas y debieran –más que medir el nivel de indignación de la población- repasar los principios sobre los cuales descansa la autoridad, no solo legal sino moral.
El primer hito -nada despreciable para un país desacostumbrado a aparecer en los anales mundiales- es la velocidad con la cual el juez leyó miles de páginas del caso y dictó sentencia. Hasta los más ignorantes nos damos cuenta de que no hay una sustanciación del fallo y que el juez usa en él novedosos términos jurídicos que forman parte del alegato de los querellantes.
Más de un malpensado dice que sería bueno hacerle un peritaje a la computadora del juez. Con seguridad ahí se hallaría la fuente de sus conocimientos y de su presteza jurídica, que guardan estrecha relación con el modo en que se “peloteó” el juicio en los días precedentes. Demasiadas coincidencias con los intereses del poder y, por lo tanto, difíciles de ocultar. Y de manejar.
Es complicado, en efecto, que la ciudadanía confíe en la objetividad de la reforma judicial que empezará en estos días y que estará básicamente en manos de personajes cercanos al Gobierno, frente a esta escandalosa demostración de sumisión del actual sistema de justicia. No se debe olvidar que éste es producto de la reforma institucional iniciada en Montecristi.
“The Economist” hace notar en su edición del viernes 22 que, para ser una persona que llama al sistema legal de su país disfuncional y corrupto, al presidente Rafael Correa le va notablemente bien en las cortes, y cita como antecedente el juicio por USD 600 000 dólares que le ganó al Banco Pichincha. Ahora contra El Universo ha logrado, en primera instancia, una indemnización de USD 40 millones, la mitad del pedido original. Solo hay que compararla con las cifras de las reparaciones pagadas por las víctimas de crímenes de Estado, tras decenas de años de lucha.
Hay otros hechos que lastiman la ética pública. Por ejemplo, se presentó la querella a título personal pero se usan recursos del Estado para defender al Presidente. La pregunta es si conviene ir tan lejos en la defensa de un tema personal y a todas luces político; concentrar tanto poder, olvidar las normas de convivencia democrática e intentar hacer tabla rasa de la libertad de opinión y de expresión.
No es raro que el poder se mueva en entornos que enceguecen; incluso la gente mejor intencionada se pierde cuando no escucha la voz del sentido común, aquel que recuerda que un buen gobierno se ejerce desde una dimensión humana, ética y ciudadana para seres humanos, éticos y ciudadanos, incluso cuando éstos no pueden expresar su indignación y quizás siguen dispuestos a justificar supuestos fines superiores.