Conviene analizar algunas de las implicaciones que, para las actividades económicas, tiene el último resultado electoral, pues consolida un sistema de Gobierno de “plenos poderes” sin precedente en la historia reciente de Ecuador.
Por un lado plantea una muy inusual y fluida transición. Durante los últimos 30 años, cada nuevo Gobierno en Ecuador se inauguró con el objetivo de implementar políticas distintas a las del Gobierno saliente. Ello implicaba un alto nivel de incertidumbre para las actividades económicas, cosa que sucedió antes del primer Gobierno de la revolución ciudadana instaurado en 2007.
Hoy el resultado electoral implica una continuidad en la agenda económica y política que, sin mayores contratiempos, se ha venido implementado durante los últimos seis años. Las líneas generales de las políticas públicas se encuentran en los planes de Gobierno, han sido ratificadas por sus principales líderes y serán implementadas por funcionarios y autoridades uniformemente alineados con la “revolución ciudadana”. La estabilidad de funcionarios facilita la continuidad de los proyectos en marcha y el fortalecimiento de las relaciones de trabajo con los actores económicos involucrados en ellos. Se trata de las mismas ideas, las mismas políticas, las mismas caras y las mismas ‘mañas’.
Por otro lado, en el largo período de inestabilidad política que precedió a la “revolución ciudadana”, era difícil saber si las más importantes decisiones de política pública estaban en manos del Ejecutivo, del Legislativo, de las cortes de Justicia, de los indígenas en las calles, o del Alcalde de Guayaquil… Hoy resulta claro en manos de quién se encuentran, lo que configura un ambiente de relativa “estabilidad” en comparación con el caos político-institucional que vivió Ecuador a partir desde los años noventa.
Sin embargo, una “estabilidad” política basada en la acumulación de “plenos poderes” en manos del Gobierno -cualquier Gobierno- y en la figura del Presidente de la República, no deja de plantear algunos problemas.
Por un lado, deriva en autoritarismo y arbitrariedad, situación que pone en riesgo a aquellos sectores económicos que no puedan o no quieran alinearse con los objetivos gubernamentales. Por otro, al encontrarse íntimamente ligado al liderazgo del Presidente de la República, un grave “shock” político o económico -interno o externo-, puede desmoronar rápidamente la estructura de poder construida alrededor de su figura y devolver al país al caos de los años anteriores.
Considero que era posible -y preferible- que Ecuador alcance “estabilidad” política sobre la base de un Gobierno limitado, instituciones independientes y una distribución del poder entre una variedad de actores públicos y privados. Sin embargo, resulta claro que una mayoría de los electores ecuatorianos no comparten dicha visión.