Alexandra Kennedy-Troya

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14 de June de 2012 00:03

En julio de 1939, un concejal de Quito, Pólit Moreno, pide que se realice un inventario prolijo del Archivo Municipal, dice haber recibido “quejas detalladas” del extravío de documentos de dicho Archivo; las monjas carmelitas de Cuenca aseveran que su Archivo fue quemado intencionalmente hace décadas; algunos folios de una notaría de Latacunga desaparecieron en el río, otros sirvieron para envolver carne en una tercena de la ciudad. Recuerdos que han pasado de boca en boca… nadie se atreve a señalar a nadie, especialmente si conocemos que algún colega reputado se llevó documentos que investigaba y jamás devolvió. La desaparición se ha dado no solo por parte de tenedores y usuarios; en épocas más recientes si los archiveros investiga(b)an algún tema en particular, el acceso de otros era imposible; hasta la actualidad existen funcionarios que te cobran por “encontrarte “ y fotocopiarte la información requerida, caso contrario la “esconden”. Un documento no ubicable es también un documento extraviado.

La memoria histórica del país ha sufrido muchas rémoras; investigar en archivos desordenados, sin catálogos guía, desmembrados, con gente poco preparada, en locales no temperados, ha sido tarea de titanes. Si comparamos la cantidad de documentación pública inventariada y conservada en los archivos nacionales de Colombia con la de Ecuador -2 500 000 vs. 18 000 registros- se grafica el problema de mejor manera. Sin embargo, las cosas han ido cambiando lentamente desde hace un par de décadas. La flamante directora del Archivo Nacional, la historiadora Rocío Pazmiño, señala un antes y un después del Decreto de Emergencia del 2007. El salvataje y catalogación de archivos se convirtió en política de Estado.

Con el Decreto 985, este Archivo es parte del Ministerio de Cultura, regido bajo el Sistema Nacional de Cultura; la Dirección de la Memoria Social vela por archivos, bibliotecas y museos. Sin embargo, hace falta un gran paso, dotarle de fondos -su presupuesto anual de USD 386 000 cubre gastos administrativos, sueldos, conservación, mantenimiento de locales, etc.- con el fin de concluir con los inventarios, publicarlos, escanear toda la documentación para consultas online, realizar un programa de donación de archivos privados de valor público, y así sucesivamente. Con las uñas y una gran voluntad de trabajo y gestión, se acaban de lanzar dos publicaciones: la guía del fondo notarial; va en camino la del fondo Teatro Sucre, valiosísimo acervo que consultamos a l fin de realizar una publicación conmemorativa que nos dé luces sobre el fenómeno teatral en nuestro país desde su creación en 1886. Así, decenas de ejemplos más.