Oswaldo Jarrín R.

Espionaje en el atentado

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El ex presidente revelo que recibió información sobre el atentado terrorista de San Lorenzo “desde las altas instancias del gobierno”, conocía los nombres de los terroristas, quienes inclusive habían alertado con anticipación a los moradores del sector para que dejaran sus hogares y evitar pérdidas de vidas (El Telégrafo, 3 de febrero, 2018).

No debe extrañar que el guión apoteósico sobre un ecuatoriano alias “Guacho”, entregado por el fiscal colombiano en el encuentro internacional realizado en Quito, haya sido replicado por la Senain y complementado con detalles por los ministros de Defensa y del Interior.

La acusación a la disidencia de las FARC, fue inmediatamente descalificada por su dirigente Iván Márquez; por lo tanto queda como única fuente de información, la que no se había investigado y sobre la cual nadie se ha hecho eco y que con sobrada estulticia en el todavía humeante hecho se acusara a las “altas instancias de gobierno” como la fuente originaria, como si esa declaración le exculpara del delito de espionaje en el que se puede incluir tamaño desafuero.

El artículo 354 del Código Integral Penal COIP, establece los delitos considerados en contra de la seguridad pública; es decir quien “oculte información relevante a los mandos militares o policiales nacionales”.

Como es evidente, su desatinada declaración, no es una sabatina en la que con sus ínfulas grotescas acometen contra humildes ciudadanos. Se trata del Estado Ecuatoriano, razón por la cual el fiscal general manifestó que asumirá personalmente la investigación.

Mientras tanto en la frontera, cuya seguridad es de responsabilidad militar, se vive un estado de excepción sin autoridad designada y luego de exigirse la reunión del Consejo de Seguridad Publica y del Estado COSEP, se difumina la responsabilidad de las instituciones nombrándose una comisión, minimizándose a las FF.AA. en su responsabilidad funcional.

El atentado conducido por un grupo narcoterrorista, como se dijo, por ser híbrido y mutante se mantendrá incierto mientras se desconozca la información que no ha sido entregada por el ex presidente ya que se hizo caso omiso de la llamada a declarar a la fiscalía, dejándose entrever la influencia y superioridad que aun mantiene en la esfera de poder gubernamental.

Con esta nueva deshonra a la soberanía nacional, el gobierno, sus autoridades y los ecuatorianos quedamos una vez más burlados, por el menosprecio del ex presidente por la vida de conciudadanos al no informar sobre la planificación del atentado para prevenir e investigar el atentado.

Toda la fuerza del Estado en la investigación prometida por el fiscal no se ha cumplido, lo que hace pensar que el “famoso Guacho”, no necesita reivindicar el atentado, porque hay un entramado político de por medio que no es susceptible de una investigación transparente que exhiba sus resultados.