Tras las elecciones generales en España del domingo anterior y como auguraban los pronósticos, el mapa político quedó fragmentado.
El bipartidismo del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quedó fracturado por la irrupción de dos fuerzas antisistema de izquierda populista (Podemos) y centro derecha (Ciudadanos).
Inundan el espectro otras fuerzas menores y los partidos nacionalistas, como siempre ha ocurrido.Si bien es cierto que el PP se ratificó como la primera fuerza, sus 123 escaños de 350 posibles no le alcanzan para hacer mayoría, ni siquiera con su más próximo afín, Ciudadanos, que se sabe presionado por la abstención o una alianza que sirva para la investidura que pueda hipotecar su futuro.
El Secretario General del PSOE –la segunda fuerza con 90 diputados– fue un crítico acérrimo de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez se ensañó con los ataques por los casos escandalosos de corrupción del PP y aun después de haber asistido a dialogar tras los comicios se ratificó en votar No a la investidura.
Pero Sánchez tiene que afrontar una disyuntiva interna de su partido que le puede costar caro. Los barones del PSOE no quieren saber nada de fragmentar la institucionalidad española. Si el PSOE, Ciudadanos y las fuerzas de izquierda bloquean la nueva investidura de Rajoy, solamente podrían buscar un acuerdo político en pro de Sánchez y dar paso a una fuerte reforma institucional que acabe con la unidad de España, como muchos autonomistas quieren. González, Díaz y los demás barones socialistas acaso consentirían un acuerdo con los radicales de Podemos y otras fuerzas solo a cambio de mantener la unidad de España. Para Podemos esa moneda sería imposible de pagar puesto que su mal resultado en las autonómicas catalanas les obligó a ceder en un pacto que les compromete a apoyar el cambio constitucional.
Entonces el diálogo que el Rey Felipe pide habría fracasado. Tal vez España afronte nuevas elecciones en el primer trimestre. La gobernabilidad no es tarea sencilla.