Tito Drago

España en mira: derechos sociales

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14 de May de 2012 00:00

Una veintena de organizaciones de la sociedad civil acusaron al Gobierno español ante la ONU de incumplir compromisos internacionales al recortar fondos en áreas sociales para afrontar la crisis económica. Los inmigrantes están entre las principales víctimas del plan de austeridad.

Los severos problemas económicos y financieros que sufre España derivaron en “una crisis de derechos humanos”, afirman los activistas en su informe, presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que el lunes 7 y este martes 8 analizó la situación en asuntos como vivienda, salud, trabajo, educación e inmigración.

El “insuficiente reconocimiento en la Constitución” de esos compromisos y la falta de legislación acorde hacen que la reparación judicial por la eventual violación de los derechos sociales sean “una asignatura pendiente”, añade el texto suscripto por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Médicos del Mundo.

Entre los colectivos más afectados por los recortes fiscales están los inmigrantes que no tienen reconocida su residencia en el país, a los que se les restringe el acceso gratuito que tenían hasta ahora a los centros de salud pública, al igual que las prestaciones económicas, entre otras quitas de derechos.

El decreto que modifica la Ley de Extranjería indica que todos los indocumentados y hasta los turistas procedentes de países que no tienen convenio sanitario con España tendrán derecho solo a atención de salud básica: urgencias, partos y cuidado de niños.

“O los inmigrantes se adaptan a nuestros valores o que den media vuelta y vuelvan por donde han venido”, declaró el alcalde de la ciudad catalana de Badalona, Xavier García Albiol, en una muestra del pensamiento del centroderechista Partido Popular, que gobierna España.

El Gobierno calcula que los extranjeros en situación irregular son unos 500 000. Las organizaciones no gubernamentales que denunciaron a España pusieron énfasis en la quita de la llamada tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. Subrayaron, además, que tanto el gobierno de Mariano Rajoy como los regionales “no solo se limitan a la reducción de la inversión social hasta extremos que afectan al contenido esencial de los derechos reconocidos en la legislación internacional, sino que para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales en el país”.

El gobernante prometió enfrentar la crisis “metiendo la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas, a la sanidad y a la educación”, pero el presupuesto aprobado a fines de marzo impuso, precisamente, los más fuertes recortes en las dos últimas áreas.