Las medidas adoptadas en materia de drogas por el Régimen son contradictorias. Del indulto a cerca de 1 500 personas detenidas por el porte de hasta 2 kilos (2 000 gramos) de droga en julio del 2008 a la criminalización por el porte de 0,1 gramos de heroína en 2015. De la elaboración de la tabla de dosis máximas de drogas para que un adicto no sea encarcelado en 2013, a la irrupción de policías con perros en aulas de clase en 2014.
El Régimen despenalizó el consumo, pero ese avance de derechos es letra muerta. Con la expansión del consumo y después de una sabatina, se elaboró una tabla para sancionar a los microtraficantes con dosis que no distan de las fijadas para el consumo legal (un adicto máximo puede portar 1 gramo de cocaína, pero desde septiembre del 2015 esa cantidad basta para que un microtraficante vaya de 1 a 3 años a la cárcel). Los jueces deciden quién es narco y quién no.
La ONU insistió en su informe de drogas del 2016 sobre el fenómeno desde una perspectiva de salud, para impactar en la cadena de comercio y reducir la violencia.
En febrero del 2017, en la tarima de otro sábado, el Régimen anunció que prohibirá el consumo de drogas en la calle. ¿Quien lo haga irá a la cárcel? Sí, los perros, la videovigilancia del Estado en colegios y la delación son mediáticos, pero descartan derechos.
Antes de que la mayoría calificada del oficialismo en la Asamblea Nacional actúe diligente, se puede repasar la Constitución del 2008, su artículo 364: Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá ofrecer tratamiento a los consumidores. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos.
Nueve años después, ¿dónde están los centros de salud para tratamiento?, ¿dónde los especialistas?, ¿dónde la sustitución de opiáceos?, ¿dónde la provisión de medicinas?, ¿dónde la premisa de tratar al consumidor como paciente y no como delincuente? La propaganda no tapará la falta de una política de salud pública en materia de drogas.