24 de June de 2010 00:00

Equivocación

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Alfredo Negrete

El último sábado - ¿se habían o no suspendido las sabatinas por el Mundial?- el Presidente fue objeto de una mala asesoría que lo indujo a una equivocación respecto al tema del Consejo de Comunicación e Información, que es la médula de la ley que se debate en la Asamblea. Sostuvo el Primer Mandatario, que en muchos países existen entidades similares como el que se pretende instaurar en la Ley. Señaló como ejemplo a Francia, Chile, Colombia, Inglaterra y EE.UU., probablemente refiriéndose al Consejo Audiovisual de Francia, al Consejo Nacional de Televisión de Chile, a la Comisión de Televisión de Colombia, a la Federal Communications Commision de EE.UU. o a la Office of Communications del Reino Unido.

Como se podrá observar, esas entidades estatales son administradoras y reguladoras del espectro radioeléctrico, que es un bien nacional; pero no son organismos públicos de regulación de contenidos que responden al derecho universal de la libertad de expresión, de información y de opinión como pretende la revolución ciudadana en el Ecuador. Un craso error que debe merecer una severa amonestación y sanción. Una cosa es la grosera manipulación de la trasmisión de los partidos del Mundial y otra es inducir al error al Jefe de Estado.

Esta confusión temática se inicia en la Constituyente cuando en la disposición transitoria primera se dispuso lacónicamente que había que expedir, entre otras, una Ley de Comunicación; es decir un solo ámbito jurídico, sin percatarse del maremágnum que significaba mezclar un derecho universal y un bien estatal. Desconocían que el espectro radioeléctrico como la órbita geoestacionaria, el mar territorial o el territorio nacional son del Estado del Ecuador y que, por tanto, deben ser administrados y regulados, incluso con capítulos punitivos como existe en la actualidad y que excepcional y políticamente fueron aplicados como sucedió con Teleamazonas y la radio shuar Arutam.

Experiencias legislativas recientes tanto en Argentina como en Uruguay separaron esos ámbitos, por lo que no incurrieron en el enredo en que se precipitó el Ecuador. Es posible que como explicación solo exista la afirmación de que la algarabía jurídica de Montecristi produjo tal desatino. Sin embargo, no hay que descartar que los intereses de las comunidades indígenas hayan promovido este esperpento por requerir que las frecuencias radiales estén reguladas y protegidas por un ente común junto a la libertad de expresión y no aisladas en un ente de control estatal. De confirmarse esta hipótesis se puede concluir que fueron sagaces en materia de comunicación y negligentes en la protección constitucional del Agua.

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