Milagros Aguirre

¿Epílogo?

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El miércoles pasado, luego de nueve meses de espera, la Comisión creada para la investigación del caso waorani-tagaeri-taromenani entregó su informe final al Ejecutivo. Y por supuesto, sus recomendaciones.

El Presidente –lo dijo en la sabatina- va a tomarlas en cuenta. Ojalá estas recomendaciones sean suficientes para garantizar la vida de los más débiles. Enhorabuena si algo se ha trabajado en estos dos años. Si algo se ha aprendido sobre el tema. Quienes hemos seguido este caso nos alegramos por cualquier mínimo avance en las políticas públicas.

Sin embargo, llama la atención que se diga e insista ¿en serio?, en eso de que Ecuador “es un referente en los temas de protección a los pueblos indígenas en aislamiento”. ¡Con dos horrendas matanzas en una década! ¡Con varios muertos a lanza (por si nos hemos olvidado, han muerto trabajadores de la madera, tres integrantes de una familia campesina, una pareja de ancianos waorani)! No de gratis la CIDH pidió al Ecuador que cumpliera unas medidas cautelares. No de gratis el relator de derechos humanos de Naciones Unidas, entonces James Anaya, hizo unas recomendaciones en el 2013 cuando se enteró de la desgracia. Mientras haya ese tipo de muertes en la selva, no seremos referentes en la protección.

Cierto que Ecuador tiene un marco jurídico favorable: hay una Constitución que los protege y una Zona Intangible. Pero el papel aguanta todo y en el terreno las cosas no son tan fáciles. Lo hemos demostrado hasta el hartazgo. No basta que esté escrito. Ni los deseos. Ni las costosas consultorías para cambiar las cosas.

En estos dos durísimos años han pasado muchas cosas –unos debates estériles- sobre la justicia intercultural; un enredijo jurídico para quienes no podían entender de leyes occidentales; unas gentes que fueron detenidas sin entender porqué y convencidos de su propio actuar en venganza; unas acciones y citatorios confusos que apuntaban a acabar con el mensajero antes que a esclarecer los hechos; unos fugados y otros liberados tardíamente pero con el peregrino argumento de que como no hay cuerpos no hay delito; unas tensiones innecesarias entre familias waorani; unas niñas en situación de vulnerabilidad; una presión tremenda por explotar un campo petrolero en una zona donde hay evidencias concretas de presencia de indígenas aislados y unas autoridades pasándose la papa caliente unas a otras.

Estos dos años ha habido también otros muertos -dos trabajadores de una empresa estatal-; waorani enjuiciados por sabotaje y hasta la causa seguida a un viejo cazador por aparecer en una foto con su presa, condenado por las redes sociales como “salvaje”. Así las cosas no parece muy exitoso el resultado de las políticas aplicadas hasta hoy.

Mejor dejar de estar orgullosos y empezar por aplicar, en el terreno, lo que dicen las leyes sobre la protección, derechos y territorios. Solo así se podrá cerrar el triste capítulo.

maguirre@elcomercio.org