Miguel A. Vasco

En torno a la Carta Democrática

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El tema de la democracia representativa constituye uno de los principios esenciales de la agenda de la Organización de Estados Americanos, desde hace mucho tiempo. Importa recordar que la Carta constitutiva de la OEA se aprobó en la Novena Conferencia Interamericana de Bogotá, en 1948, pero con anterioridad ya el asunto fue objeto de preocupación regional. En efecto, la Octava Conferencia Interamericana, celebrada en Lima en 1938, aprobó una resolución titulada “Enseñanza de la democracia”, partiendo de la consideración de que “es necesario difundir el conocimiento de los principios democráticos sobre los cuales descansan las instituciones políticas, sociales y económicas de las naciones de América”, ya que el conocimiento de tales principios crearía en nuestros pueblos un ambiente más propicio para el mantenimiento de la paz, la conciliación y la justicia en el continente.

No obstante el interés colectivo de orden institucional o académico, la década de los setenta en el siglo pasado se caracterizó por la proliferación de regímenes de facto. Por eso la OEA, en respuesta a ese sombrío período de dictaduras militares, puso en marcha en la década siguiente un programa orientado a generar una normativa conducente a la promoción y consolidación de los procesos democráticos en el hemisferio. Prolongados debates en el Consejo Permanente abrieron cauces a un proyecto sometido a consideración de la Asamblea General, que lo adoptó en la Resolución 1080, aprobada en 1991, en Santiago de Chile: dicha Resolución dispone una acción colectiva de la OEA en caso de interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional o del legítimo ejercicio del poder. Tal medida se complementó con una reforma de la Carta (Washington 1992) por la cual un Estado cuyo Gobierno democrático sea derrocado por la fuerza podría ser suspendido del derecho de participación en los principales órganos del sistema, a la vez que señala que la eliminación de la pobreza crítica constituye parte fundamental de la promoción y consolidación de la democracia representativa. En ese contexto, la Asamblea General aprobó, en 1993, la Declaración de Managua sobre la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, que reafirma la posición de los Estados en el sentido de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana.

La trayectoria institucional del proceso culminó con la aprobación, por la Asamblea General de la vigente Carta Democrática Interamericana, en septiembre de 2001, en Lima. Este instrumento vela por la defensa del ejercicio democrático en América: fue invocado hace poco en el complejo caso de Venezuela, pero no alcanzó en el Consejo Permanente el consenso entre los Estados miembros, por la acción de los Estados caribeños.