Gonzalo Ruiz

Enmiendas, ... , más enmiendas

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Suena a cuento. Luego de un largo debate nacional, que no atendió a la petición de un fuerte grupo opositor para ir a una consulta, el oficialismo aprobó las enmiendas y sirve la mesa con un supuesto nuevo paquete de cambios.

Las primeras reacciones de varios juristas y críticos de los cambios constitucionales aludieron a la condición de reformas de temas fundamentales que debieron entrar ya sea por Asamblea Constituyente y, en todo caso, con refrendo popular en las urnas.

Nadie hizo caso al grupo Compromiso Ecuador, que juntó en su rededor del líder de Creo Guillermo Lasso y que insistió en tratar de llevar tan importantes cambios a nivel de consulta popular. Ni el Consejo Nacional Electoral, sospechado de oficialista ni la Corte Constitucional, con idénticos señalamientos por su relación con el poder Ejecutivo, dieron paso al petitorio.

Pero la Corte Constitucional decidió dar vía libre a las enmiendas complaciendo las apetencias originales del bloque de legisladores oficialistas por la reelección indefinida que defendieron con ardor. Con tanto ardor como con aquel que terminaron votando el cambio de opinión del Presidente sobre la intromisión de una disposición transitoria. Así, la Constitución escrita para durar 300 año se alteró por las enmiendas.

Cuando apenas habían pasado tres días del maratónico ejercicio político en la Asamblea, y en plena sesión solemne por el aniversario de la Fundación española de Quito, el Presidente anunció su intención de proponer nuevas enmiendas. Insólito.

El país tiene su principal atención en la contracción económica en los temores de la falta de fuentes de trabajo, en la deuda abultada, en las importaciones cerradas, en la indispensable liquidez, en las inquietudes de los empresarios para producir en condiciones estables, pero la política vuelve a ensuciar la cancha del debate público.

Tarde se acuerda el Presidente - será que presiente que puede perder el poder - de recuperar las plenas capacidades de control a la función Ejecutiva, mediante la fiscalización y hasta juicio político desde la Asamblea Nacional. Esa capacidad inherente al estado de Derecho y a los conceptos de pesos y contrapesos indispensables en democracia, ha sido constreñida en el actual período político sin miramientos.

Se toca busca elevar el número de jueces provinciales y otros aspectos como el de elevar a carácter constitucional el polémico tema de la plusvalía.

Cuando estos asuntos se pulan y lleguen a la Asamblea habrá que ver si el calendario se compadece con su tratamiento. No debemos olvidar que primero se debe pasar por el dictamen de la Corte Constitucional, aprobarlo en primer debate, divulgar durante 13 meses el proyecto, y, luego, tratarlo y aprobarlo de modo definitivo.

Se viene corto el tiempo. A esta altura del calendario luego de un año estaremos en los preparativos de la campaña electoral con candidaturas inscritas y una foto económica que, acaso no la quiera ver el ni Gobierno ni la oposición que quiera ser poder.