Marcelo Ortiz

Enmienda sobre la comunicación

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Es importante, a la vez que imprescindible, que se difunda el numeral 16 del Dictamen que emitió la Corte Constitucional el 31 de octubre del 2014, ubicando a la comunicación como servicio público, esto es, quitándole al pueblo ecuatoriano su derecho a la libre expresión del pensamiento comunicativo sin ninguna restricción proveniente del poder político presidencial. Al utilizar el nominativo de “enmienda” cuyo concepto significa: corrección o supresión de un error o vicio, que al ser ubicado en esa categoría de pensamiento, no puede trasladarse a un ámbito que viola directamente preceptos constitucionales.

El derecho universal a la comunicación que consta en la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1948 en el art. 18 dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”; y, amplía su concepto en el art. 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Nuestro país, oportuna y prontamente hace casi 70 años, ratificó este documento y todos los gobiernos lo han respetado irrestrictamente.

Pero en esta época de gobierno presidencial absoluto que va por 9 años de ejercicio, se intenta violar este precepto claro de la ley máxima que es la Constitución, sacándola de dicho texto considerado como “sagrado”, no solamente por constar en el mejor sitio del derecho positivo escrito, sino estar encarnado en un derecho universal de todos los países que practican la democracia en plenitud para el bienestar de sus pueblos.

¡Cómo puede ubicarse como enmienda a la comunicación!
Por eso, desde la propuesta misma de enmendar luce como injurídica, y propia de un gobierno que atropella principios básicos que desfiguran la democracia, y le presentan ante el mundo como irrespetuoso de leyes universales, que confirman la falta de seguridad de sus instituciones legales, elementos que impiden, por ejemplo, que se inviertan capitales privados en la economía nacional que al año crítico del 2016, le hacen un vacío económico que ahonda más el abismo de la pobreza creado después de la abundancia de recursos que tuvo desde cinco años atrás. Ahora, es evidente no solo la crisis fiscal que conduce al endeudamiento sin límites para que pueda sobrevivir el correísmo hasta el 2017, sino la herencia dejada al próximo gobierno que ya se perfila como situado fuera de esta época política de un ciclo presidencial agotado del respaldo popular.