Manuel Terán

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Parte de la pesada herencia recibida de la administración anterior es trajinar por ese sendero en el que reina el culto a la papelería; esa emblemática porfía exigida en toda entidad burocrática para obtener un permiso, tramitar una licencia, realizar un registro o, por el contrario, eliminarlo o sacarlo de un catastro público. No es el prurito de dejar las cosas sin control ni al albedrío de las voluntades. Lo que sucede es que los engorrosos trámites demandan una serie de recursos que, a la final, encarecen los emprendimientos. Esto no es un problema mayúsculo para las grandes empresas que, a la final, están en capacidad de contratar servicios que les apoyen para atender estas exigencias porque, claro está, el retraso provoca pérdidas que la mayoría de veces son irrecuperables. El inconveniente se encuentra en que aquello se puede convertir en un óbice insalvable para un pequeño o mediano emprendedor, que por sí mismo o con sus limitados recursos tiene que hacer frente a toda esta maquinaria Kafkiana con el riesgo que una idea, un proyecto, una posible empresa a crearse vaya al fracaso. Y no hay que olvidar que es allí donde se tiene que trabajar con insistencia, para poder generar fuentes de ingresos. Ecuador, como el resto de países de la región, no tiene la posibilidad de crear empleos que recojan a media población económicamente activa que se debate entre el desempleo abierto, el subempleo y el llamado empleo no adecuado, sofisma que a la final da como resultado que sólo 5 de cada 10 personas en edad de trabajar consigue empleo en el sector formal de la economía. El resto sobrevive como puede.

Este es el momento de buscar cómo el país puede convertirse en un espacio atractivo a la inversión. Hay que delimitar de manera adecuada la responsabilidad de los accionistas diferenciando de las que emanan de las tareas propias que le corresponden a la administración de la misma. No es posible llegar a situaciones inconcebibles como que los accionistas tengan que recibir la imposición de medidas cautelares, muchas de ellas de orden personal, por deudas de la compañía con entes estatales. Si seguimos en ese camino iremos en contra de lo que se legisla en el mundo con respecto a las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.

Hay que reubicar las cosas en su adecuada posición. Ni desmantelar lo construido a lo largo de los años, ni tampoco colocarnos en posiciones absurdas que desfiguren principios del derecho mercantil, con lo que ponemos cada vez más trabas insólitas a los potenciales inversores. Igual en el tema tributario que por su complejidad e implicaciones de todo orden requiere ser tratado con suma delicadeza, no visto sólo como una fuente insaciable de recursos que saque de apuros a la caja fiscal.

Hay que tener en cuenta que todos los países de la zona compiten por atraer capitales, por lo que el momento que encuentren mejores condiciones que en el nuestro simplemente se dirigirán a aquellos para realizar su inversión. La verdad, no estamos en situación de permitirnos el lujo que eso ocurra.