La petición de un nuevo plazo de 90 días para la redacción final del proyecto de Ley de Comunicación y la concesión de solo 30, provoca incertidumbres e inquietudes, que en democracia deben ser aclaradas. Aparentemente el tránsito de la ley estaba allanado pues se habían estudiado tres proyectos iniciales, aunque se aprobó uno que salió de la manga a la última hora y el trámite ya pasó el primer debate; por lo tanto, la comisión debía hacer una tarea de técnica legislativa para acoplar las observaciones que se hicieron en la primera instancia. Al respecto pueden existir informes de mayoría y desacuerdos de minoría. Luego la suerte estará echada en el plenario y en las siguientes etapas en que interviene el Ejecutivo como colegislador.
En estas circunstancias, es obvia la inquietud ciudadana. ¿Qué pasó? ¿Donde se entrabó el proceso?, ¿por qué se necesitan nuevos plazos?
Ante la falta de una repuesta de fuente legislativa oficial se puede sospechar que el gran obstáculo radica en el acuerdo que se firmó el 17 de diciembre de 2009 por parte de los bloques legislativos, en el cual coincidieron sectores del Gobierno y de la oposición. Ese acuerdo es moral y político, por lo tanto puede ser violentando, olvidado y distorsionado por los artículos que apruebe la mayoría. Sin embargo, en política, las cosas no son mecánicas y si expresan valores y principios la situación se vuelve delicada. En ese sentido estaba acertada la cruda expresión del Primer Mandatario en uno de los sábados pasados que al respecto dijo: “Que el acuerdo le revolvía el estómago”. Por supuesto que se trataba de una metáfora para expresar el disgusto, el cual no puede ser resuelto por una Buscapina o un Alka Seltzer.
El acuerdo es histórico, pues es la primera vez que en tres años de confrontaciones se produjo una concertación política. Su contenido no fue novedoso pero, por las circunstancias, valiente e independiente. En gran parte recogió los principios universales contenidos en la Constitución y en los Convenios Internacionales de defensa de la libertad de expresión, que para algunos ideólogos y sociólogos fueron grandes errores de redacción que se cometieron en la ciudad de Alfaro.
¿Cuáles son las piedras angulares que afectan a la salud presidencial y a los sectores antimedios? Básicamente son dos: la integración y facultades del Consejo de Información y las responsabilidades ulteriores de los periodistas. En el primer caso se aspira a la regulación y sanción a los medios; en el segundo, a convertir las responsabilidades ulteriores en advertencias antes del trabajo periodístico; es decir autocensura. Por eso, los 30 días concedidos a lo mejor resultan pocos pues los oficialistas deben tener la seguridad de ajustar todas las clavijas de control. No hay que olvidar que una de las virtudes del autoritarismo es la prevención.