11 de August de 2010 00:00

¿Engaño?

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Carlos Larreátegui

El relativo optimismo con que el sistema universitario acogió la aprobación de la nueva Ley de Educación Superior se esfumó por completo luego las declaraciones oficiales que ponen en riesgo los arduos y difíciles consensos alcanzados por el sistema universitario y la Asamblea. Minutos después de contabilizada la votación, el presidente de la Comisión de Educación, Raúl Abad, declaró olímpicamente que acogería un veto presidencial que todavía no existe. De manera simultánea, el Presidente de la República afirmó que, frente al incumplimiento de algunos legisladores de oposición, vetaría esta Ley cuyo texto final era todavía desconocido para el Ejecutivo; esto, en buen romance, se llama prevaricación y lesiona gravemente la frágil confianza lograda entre el sector universitario y el Gobierno. No debemos olvidar que los acuerdos con la Academia franqueaban la trivial aritmética legislativa y tocaban temas de fondo. El argumento oficial podría insinuar que AP buscó alcanzar los votos para luego ajustar el texto legal a su entera discreción bajo el veto.

El proceso de aprobación de esta Ley se ha visto empañado también por la participación ilegal y temeraria del señor Eduardo Paredes, asesor del canciller Patiño, quien reemplazó de facto al asambleísta Washington Cruz sin observar las normas establecidas para el efecto. Recordemos que el secretario de la Asamblea, Dr. Francisco Vergara, no pudo exhibir en su momento la excusa del asambleísta Cruz ni la convocatoria al suplente exigida por la Ley. Todos coinciden en que el señor Paredes llegó presuroso, casi a destiempo, para instalarse en una curul vacía y aguardar la señal que accionaría su brazo. Su actuación podría restar toda validez a la votación de la Ley de Educación Superior y anular su aprobación.

Los acuerdos finales alcanzados entre la Asamblea y la Academia aterrizaron y mejoraron sustantivamente el proyecto de ciencia ficción elaborado inicialmente por la Senplades. Se hizo un esfuerzo enorme por equilibrar las exigencias de calidad y rendición de cuentas con el principio de autonomía universitaria. La versión final garantizaba una norma perfectible que podría perdurar en el tiempo y lograr, seguramente, cambios positivos y definitivos para la universidad ecuatoriana. Se ignora con frecuencia que las leyes que resisten al tiempo son producto de grandes consensos sociales que otorgan legitimidad a las normas y comprometen la voluntad de los ciudadanos para su cumplimiento. Las leyes impuestas bajo simple coerción, en cambio, son ineficaces, generan resistencia y desaparecen muy pronto.

Con menos arrogancia, mayor sensibilidad y una visión que privilegie la cooperación antes que la sumisión, el Gobierno tiene aún la oportunidad histórica de transformar la Universidad ecuatoriana junto a sus actores.

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