Diego Araujo Sánchez

Engaño y autoengaño

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Las dictaduras y los gobierno autoritarios echan mano del engaño y autoengaño, como mecanismos de defensa y justificación de sus dislates. ¿No continúa pregonando el expresidente Correa, contra toda evidencia, que ha sido extraordinario su manejo de la economía? Lo ha reiterado la semana pasada en Bogotá. ¿No repitió antes a troche y moche que dejaba al nuevo gobierno con la mesa servida?

Es una rueda de molino afirmar que los sobornos no causan perjuicio al Estado; o que el millón de dólares que Odebrecht entregó a un exministro de Electricidad no fue una coima, sino el pago por honorarios profesionales y que la única falta que habría cometido el funcionario de marras es no haber declarado al SRI esos ingresos para el pago de impuestos. ¿Puede haber ejemplos más desvergonzados de engaño y autoengaño?

Gracias a esos mecanismos, quienes todavía siguen con devoción al exmandatario exhiben dos conductas insólitas: cierran los ojos ante las evidencias de la escandalosa corrupción e insisten en falaces argumentos para oponerse a la eliminación del nocivo y antidemocrático subterfugio de la reelección indefinida.

Una variante de la mentira consiste en esgrimir casos de corrupción en anteriores gobiernos para relativizar la abultada del último gobierno. Ni siquiera se inmutan por las cifras astronómicas que el régimen manejó en la contratación pública a la sombra de los decretos de excepción, ni con el vacío de los organismos de control para los cuales contó con autoridades complacientes y serviles, ni con la carencia de fiscalización. ¿Basta repetir que antes también se produjeron casos de corrupción para poner los ojos en blanco ante, sobornos y enriquecimientos ilícitos?

Engaño y autoengaño de moda es oponerse a la propuesta de eliminar la reelección indefinida por medio de una consulta popular, con el argumento de que aquello implicaría restringir el derecho de los ciudadanos a elegir y reelegir. Ni siquiera se acuerdan del ilegal paquetazo constitucional que aprobaron bajo la forma de enmiendas en diciembre de 2015, entre las que los asambleístas de AP pasaron la reelección indefinida y, para disimular el descaro, postergaron la vigencia de la reelección sin fin hasta después de mayo de 2017.

La restricción de derechos se dio en realidad con el paquetazo constitucional. En regímenes presidencialistas, la reelección indefinida acaba con el principio de alternabilidad, derecho esencial en una democracia; fomenta el caudillismo y el abuso del poder y convierte a los gobiernos en dictaduras con máscara democrática. La reelección concede ventajas muy grandes a quien ejerce la presidencia, genera desiguales condiciones en relación con los otros candidatos en la contienda electoral y abre las puertas para el clientelismo político y la corrupción.

daraujo@elcomercio.org