Hay una campaña para impedir que el presidente de la República consulte a la ciudadanía sobre las reformas constitucionales. Correa y sus incondicionales tratan de boicotear la consulta popular, que es una radical forma de democracia participativa. Lo hacen porque saben que la consulta desmantelará, al menos en parte, el aparato tramposo de manipulación de todas las funciones del Estado que se montó en la Constitución y sus reformas. La consulta, además, permitirá que avance la lucha contra la corrupción que instaló el correísmo.
Unos dicen de frente que no debe haber consulta. Otros quieren imponer que se pregunten banalidades y no temas centrales. Los que manejan el “bloque” de Alianza País, antes sumisos con el capo, ahora quieren obligar a Lenin Moreno a que no haga una consulta seria. Dicen que suprimir el mal llamado “Consejo de Participación Ciudadana”, un engendro no representativo creado ad hoc para nombrar altos funcionarios a dedo, es “volver al pasado”, cuando lo democrático es eliminar ese organismo espurio que, no solo funciona mal, sino que es antidemocrático.
Sostienen que es un atentado el restablecimiento de la no reelección presidencial, eliminada tramposamente mediante una enmienda aprobada por una caterva de sumisos que contradijeron una norma que existe en la inmensa mayoría de los sistemas presidenciales del mundo. Afirman que restituir los derechos de los trabajadores, la plena autonomía universitaria, los fondos saqueados del IESS, garantizar la libertad de expresión y de prensa conculcadas, instaurar un organismo cívico anticorrupción, es “restauración conservadora”. Cuando, en realidad están defendiendo la maquinaria correísta de corrupción y cooptación, que debe desaparecer para desterrar el despotismo y el robo.
Lo ideal es que se convoque a una Asamblea Constituyente para que realice una reforma radical de la Constitución, pero, en la urgencia de estos días, los mencionados y otros temas de importancia nacional deben ir a consulta popular. Porque lo antidemocrático y tramposo fue reformar la Constitución entre las cuatro paredes de la Asamblea, cuando Correa, que le tiene terror al pueblo, debía consultarlo, entre otras cosas, para establecer la reelección indefinida, como lo hizo en diciembre, de 2015.
Pero, además de definir los temas de la consulta, el presidente de la República debe asumir con entereza y claridad el trámite de la consulta. Debe formular preguntas centrales y claras, para que luego del pronunciamiento popular, él mismo, como jefe del Estado, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sin interferencias de los asambleístas enemigos de la consulta, consolide un texto concordado y codificado que lo ponga en vigencia para su observancia futura. Eso respaldará y agradecerá el país.