Enrique Ayala Mora

Encrucijada policial

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11 de November de 2011 00:01

No cabe duda de que el Gobierno ha tenido preocupación por mejorar la situación de los derechos humanos. Más allá de aspectos censurables como los insultos sistemáticos a los adversarios, la abrumadora avalancha comunicacional, la intención de controlar a los jueces o el haber criminalizado la lucha social, se debe considerar la voluntad de esclarecer algunos atropellos y sus autores; las acciones para mejorar la situación de las prisiones; la adhesión a varias declaraciones y campañas internacionales; los esfuerzos por modificar ciertas concepciones básicas y las prácticas de la Fuerza Pública; las acciones dirigidas a sancionar los atropellos que miembros de ella han cometido.

El Gobierno se empeñó en una política de difusión de los derechos humanos en la fuerza policial, y ha promovido la formación del personal en ese campo. Además, ha realizado acciones de investigación y depuración interna, tratando de eliminar el ocultamiento de abusos y sancionando las violaciones de los derechos. Nombró una “Comisión de la Verdad”, cuyos resultados dejaron en claro procedimientos violatorios de derechos humanos en la Policía. Eso provocó la insurrección del 30 de septiembre.

Debemos esperar que el país supere pronto el trauma de la insurrección policial; que se sancione con energía a los verdaderos responsables, pero sin venganza, y que su esfuerzo por convencer al público de que hubo “golpe” de la oposición el 30 de septiembre, no debería detener el proyecto de reorganizar la Policía, de cambiar sus prácticas de impunidad y de hacer respetar los derechos humanos.

El que se hubiera devuelto todos los privilegios a militares y policías, violando una inconsulta ley que el Presidente se empeñó en dictar, es preocupante. Pero sería mucho más si para calmar descontentos se para la depuración de violadores de los derechos humanos en las filas policiales. Ahora hemos llegado a una situación definitoria en este campo. El recuerdo del Caso Restrepo y las declaraciones oficiales han puesto en el tapete la necesidad de profundizar la reforma radical de la Policía.

Esa reforma solo tendráéxito si logra mejorar la situación de inseguridad predominante en una sociedad que vive bajo del miedo del robo y la violencia a la luz del día; solo la tomaremos en serio si corta de raíz la corrupción policial que se da desde los graves casos de narcotráfico, hasta la exigencia de la coima para dejarle a un sujeto circular con su vehículo, violando las normas del pico y placa.

La reforma no puede ser solo un discurso, un recambio burocrático o una retaliación. Debe incluir, aparte de aspectos organizativos, la genuina erradicación de prácticas corruptas, la separación de malos elementos de las filas, la limitación del inmenso e incensurable poder que llegó a tener la Policía en varios campos.