Al empresariado nacional debió sorprenderle la llegada de Vinicio Alvarado al Ministerio Coordinador de la Producción. Al fin de cuentas, ahora tendrá como su interlocutor al hombre más poderoso del país, después del presidente Correa.
A partir de su nombramiento -así lo sugieren las primeras lecturas que se han hecho luego de este cambio en el Gabinete-, los empresarios podrán hablar en un mismo idioma con la persona que se supone interpreta, en Alianza País, la visión de los grupos productivos. Es de esperarse que lo que se acuerde con Vinicio Alvarado se concrete sin dilaciones ni objeciones por parte de las demás facciones del oficialismo que se autodefinen como pluralistas y de izquierda.
Sin embargo, el desafío que tiene por delante el sector empresarial es mucho más complejo que llegar a unos acuerdos económicos, que permitan al país superar los sobresaltos de una crisis que se gestó, no por la baja de precio del petróleo ni por el encarecimiento del dólar, sino por la forma en la que se administraron los recursos públicos. La crisis en el Ecuador no es solo fiscal ni productiva; ante todo es política, pues el sistema democrático en su conjunto ha llegado a ser controlado por un partido hegemónico.
Si el empresariado serio está dispuesto a dialogar con el Gobierno, tendrá que hablar de economía e inversiones pero también de valores democráticos. La estabilidad jurídica, el respeto a las libertades y los DD.HH. son esenciales en una sociedad moderna.
Es probable que a Vinicio Alvarado, dado su pragmatismo extremo, esos temas no le quiten el sueño y que en su interlocución solo tengan cabida los negocios y la posibilidad de aliviar la situación económica en el 2016.
Por eso, poco a poco se sentirá que ese diálogo fluye a una velocidad inédita, casi con la misma premura con la que se aprobarán las enmiendas constitucionales que darán paso a la reelección indefinida del Presidente. Los empresarios serán, entonces, testigos cercanos del mayor desafío que enfrenta el sistema democrático de los ecuatorianos.