Emilio Godoy

México y el impacto social de obras

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La Ley de Hidrocarburos de México estipula que las asignaciones petroleras deben incluir una evaluación de impacto social, pero esta no se ha efectuado para los campos recibidos por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ni para las empresas ganadoras de contratos licitados bajo el nuevo esquema de apertura petrolera.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil consideran que tales concesiones son ilegales debido a la ausencia de ese mecanismo.

“Hay obligatoriedad de la autoridad para realizar las consultas. Un detalle interesante es que la ley dice que la evaluación debe ser previa a la publicación de la convocatoria” a los concursos públicos, dijo el fundador de la no gubernamental Cartocrítica, Manuel Llano.

El Art. 120 de la Ley de Hidrocarburos, vigente desde agosto de 2014, estipula que la Secretaría de Energía (Sener) debe organizar procedimientos de consulta previa, libre e informada entre comunidades indígenas en cuyos territorios se desarrollen proyectos de hidrocarburos. Mientras, el artículo 121 establece que los interesados en obtener un permiso o una autorización para desarrollar proyectos de hidrocarburos, asignatarios y contratistas deberán presentar a Sener una evaluación de impacto social (EIS).

En agosto de 2014, la Sener adjudicó la llamada Ronda Cero a Pemex, mediante la cual recibió para su explotación y exploración 83% de las reservas probables del país y 21% de los recursos prospectivos, equivalentes a 20 000 millones de barriles de crudo (de unos 159 litros) a lo largo de una superficie de 90 000 kilómetros cuadrados.

El 15 de julio pasado, el Gobierno mexicano organizó la primera licitación de la Ronda Uno, mediante la que asignó dos contratos para la búsqueda y extracción petrolera en campos de aguas poco profundas frente a las costas de los surorientales estados de Campeche, Tabasco y Veracruz. El 15 de diciembre se realizó la tercera licitación para la obtención de crudo.

“No han hecho las evaluaciones. En proyectos de aguas someras, el Gobierno dice que no hay impacto social y que por eso no las hicieron, cuando uno de los conflictos históricos es con pescadores por los daños que les causa la actividad petrolera”, señaló Aroa de la Fuente, investigadora del no gubernamental Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

La especialista cuestionó la afirmación de que no hay impactos cuando no hay estudios que así lo evidencien. Desde marzo último, los lineamientos para la EIS se encuentran para la consulta pública en la estatal Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Los mecanismos de consulta son herramientas relevantes en el desarrollo de proyectos energéticos. El Gobierno ya ha sufrido los primeros tropiezos. Un juez federal dictaminó el 11 de este mes la suspensión permanentede la construcción de un parque eólico en el Municipio de Juchitán -en el sureño estado de Oaxaca-, tras conceder un amparo presentado por indígenas del pueblo binnizá.