Emilio Godoy

Orfanatos son agujeros negros

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21 de agosto de 2014 23:43

Los albergues que acogen en México a niños y niñas huérfanos o en situación vulnerable, carecen de la necesaria regulación y supervisión del Estado, lo que propicia que se produzcan violaciones escandalosas de sus derechos humanos en esos centros.

“La situación es grave. No se piensa en el interés superior del niño. Se violan sus derechos”, aseguró Laura Martínez, directora del no gubernamental Patronato Pro Hogar del Niño de Irapuato, en la ciudad de ese nombre del central estado de Guanajuato, a unos 300 kilómetros al norte de Ciudad de México.

“No hay un censo nacional, dónde están, quién los atiende, bajo qué metodología. Tendríamos que estar bien regulados, bien supervisados. Las regulaciones no se cumplen y no existe legislación al respecto”, denunció a IPS.

Su albergue, conocido popularmente como Villa Infantil Irapuato, opera desde 1969 y tiene capacidad para atender a 40 niños y niñas huérfanos o en situación de riesgo de entre 6 y 20 años y desde 2003 funciona con su propio protocolo de atención.

Los acogidos son remitidos por la oficina estadual del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y se nutre con financiamiento público y privado.

La institución funciona en el contexto de falta de registro y legislación, normas incumplidas, supervisión inexistente, carencia de profesionalización y de recursos financieros, en una situación que especialistas consideran que es violatoria de tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En este país de 118 millones de personas, unos 45 millones menores de 18 años, existen unos 700 centros de acogida públicos y privados que resguardan a 30 000 de ellos. Pero la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar indica que unos 400 000 menores mexicanos carecen de tutela parental y de ellos 100 000 sobreviven en las calles.

El último escándalo con el manejo de estas instituciones estalló el 15 de julio, cuando la Procuraduría (Fiscalía) General anunció el rescate de 596 personas, entre ellas 492 niños, del albergue “La Gran Familia”, en la ciudad de Zamora, en el occidental estado de Michoacán. Eran víctimas de maltrato y sobrevivían en condiciones paupérrimas. Lo fundó en 1967 y dirigía Rosa del Carmen Verduzco, conocida como “Mamá Rosa”, a quien se catalogó de “inimputable” por cuestiones de edad y de salud, mientras se procesa penalmente a seis de sus colaboradores por secuestro, maltrato infantil y abusos sexuales. El 30 de julio el centro fue clausurado definitivamente.

“El Estado tiene un retraso de 30 años en la garantía de los derechos de la infancia en políticas públicas. Nunca ha supervisado estos establecimientos, son más bien asuntos coyunturales en los cuales se acuerda y voltea la mirada hacia ellos”, denunció Martín Pérez, director ejecutivo de la mexicana Red por los Derechos de la Infancia.

Como el Estado no da dinero, tampoco supervisa.