Miguel Rivadeneira

El pánico a la fiscalización

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Lo ocurrido en la Asamblea con el fallido juicio al Vicepresidente del correísmo y de los inicios de este régimen evidencia la negligencia y falta de voluntad para esclarecer la responsabilidad política en el ejercicio del cargo, en medio de una lluvia de denuncias de actos de corrupción que llevó a la Fiscalía y al tribunal penal de la Corte, ante tanta prueba y evidencias, a que se le sentenciara a 6 años de cárcel en el primer juicio por asociación ilícita y el inicio de otros por cohecho, concusión, peculado, testaferrismo, lavado de activos, delincuencia organizada.

Correístas y hoy unos morenistas (juntos en la causa) contribuyeron sospechosamente para negar el juicio político, tras recibirle al entonces vicepresidente con alfombra roja para que dé un informe en la Asamblea. Luego, con toda la contundencia de las pruebas periciales, documentales y testimoniales en el juicio penal, el Consejo de la Legislatura, tras dilatar más de un mes, resolvió disponer el trámite. Sin embargo, la quema de tiempo siguió hasta que se nombró a su reemplazo y la titular de la Comisión de Fiscalización resolvió dar por terminado el trámite con el argumento de que ya no es vicepresidente, sin reconocer que el proceso se inició cuando ejercía el cargo.

Más pesaron los temores de las secuelas que pudo acarrear el desarrollo de este juicio. Un ex vicepresidente que podía señalar a compañeros de la revolución ciudadana, con responsabilidades en presuntos actos de corrupción. Por todo eso se justifica la consulta popular para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política y la pérdida de sus bienes, aun cuando el propio Fiscal admitía que aparece que no tienen casi nada a su nombre.

El país debe estar atento ante una presunta conspiración en marcha por quienes hasta hace poco disfrutaron del poder y trabajan desesperadamente para que la consulta popular no les sepulte con la pregunta dos que elimina la reelección indefinida. En el otro lado, obliga a los sectores de oposición a no actuar con debilidad y divididos en momentos en que está en juego el futuro político y se requiere mayor acción y contundencia para responsabilizar a quienes instalaron en el país un nefasto modelo corrupto que dilapidó miles de millones de dólares, que manejaron parte de la contratación de la deuda externa en forma secreta y reservada. ¿Cómo así, que escondían en negociaciones que debieron ser transparentes, públicas y no en la oscuridad? Bien hace la Contraloría en investigar estos hechos cuyo principal actor fue el exPresidente y la Constitución (art. 290), que está sobre cualquier resolución, dispone la imprescriptibilidad de estas indagaciones para establecer responsabilidades en materia de deuda pública.