20 de January de 2011 00:00

Elección de magistrados

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No estoy de acuerdo en la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura propuesta por el presidente Correa, ni en que se lo reemplace por una comisión técnica compuesta por tres delegados, la cual temo que sería controlada por el Ejecutivo. En ese caso, prefiero que sea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el que designe a los magistrados del Consejo de la Judicatura.

Si en algo estamos de acuerdo con el presidente Correa es en el hecho de que se requiere con urgencia una verdadera reforma judicial, ya que la administración de justicia -lamentablemente- ha sido el botín de muchos gobiernos, lo cual debe acabar.

La Constitución de la República establece el mecanismo para la elección de los magistrados del Consejo de la Judicatura, el cual tiene entre sus facultades dirigir los procesos de selección de los jueces y demás servidores de la Función Judicial, pero como este no ha funcionado como se esperaba, se quiere reformar su conformación.

Creo que un organismo como ese, con nueve vocales, es poco práctico, por lo que estoy de acuerdo en que el número de sus integrantes debe reducirse; talvez a tres, los cuales pueden ser designados por la Función Judicial, por los colegios de Abogados y por las universidades del país, mediante concursos públicos de oposición y merecimiento, luego de que los candidatos a magistrados comparezcan en audiencia pública a demostrar su idoneidad y probidad, para que cualquiera que se considere con motivos suficientes para tacharlos, lo haga, otorgándole al candidato el legítimo derecho a la defensa que debe tener. Los designados, quienes no deben considerarse representantes de esos gremios, deben ser doctores en jurisprudencia, pues es imprescindible que todos ellos tengan criterio jurídico.

La elección de magistrados y en general de todos los miembros de la Función Judicial, debe ser transparente. No debe permitirse que nadie le meta mano a la justicia, la cual desgraciadamente ha estado al vaivén de los partidos políticos. En un organismo como este, siempre habrá intereses de por medio, pero no puede ser un ente donde prime la política.

Sin perjuicio de la elección de los magistrados del Consejo y de la Corte Nacional de Justicia, es necesario que los presidentes de ambos organismos rindan cuentas anualmente al país, mediante un informe que debe ser publicado en los principales medios de comunicación colectiva para que la ciudadanía pueda juzgarlos, el cual debe ser presentado ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Yo no creo que a ningún magistrado se lo debe designar por sorteo, ni que su designación debe ser hecha por las comisiones ciudadanas, que no han servido para nada.

La independencia y autonomía de la Función Judicial no puede estar en juego, por ningún concepto.

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