El Gobierno, por intermedio del Ministerio de Trabajo, presentó nuevas políticas laborales que promoverán la reactivación económica, ‘a través de empleo justo y salario digno’. El principal objetivo planteado con este anuncio -en plena campaña para la consulta popular-, está dirigido a beneficiar a los jóvenes. De acuerdo con datos oficiales, en el Ecuador, cuatro de cada 10 desempleados son jóvenes.
El ofrecimiento tiene tres ejes. Con la primera promesa se plantea ejecutar el plan Contrato juvenil, para que 60 000 jóvenes, de 18 a 26 años, accedan a un empleo. Con la segunda, denominada ‘Mi primer empleo’ se espera vincular al mercado laboral a 23 000 jóvenes egresados de institutos superiores. Y el tercero, aunque aún se pulen los detalles sobre su ejecución, se ofrece crear nuevas modalidades contractuales en el país.
El estímulo al trabajo para los jóvenes está muy bien y eso debe ser recompensado con incentivos para las empresas que los incorporan en sus nóminas. Pero, ¿hay estímulos o incentivos para quienes incorporan a quienes superan los 40 años?. Con base en las mismas cifras oficiales, seis de cada 10 desempleados superan el rango de juventud.
Para quienes se encuentran en una situación así, esos enunciados del derecho al trabajo, la reinserción laboral, se pierden ante la falta de una política que facilite su incorporación en el empleo adecuado o se promuevan otro tipo de acciones relacionadas directamente con el emprendimiento.
Una de las carencias del país es la falta de visión de largo plazo. Recién en el primer trimestre de este año se anuncia, otro anuncio, que estará listo el proyecto de reforma al Código del Trabajo. Ojalá proponga una normativa ajustada a la realidad y no en función de los intereses políticos de sus mentores.
De acuerdo con las proyecciones de Naciones Unidas, el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Y las consecuencias se sentirán mucho más en el mercado laboral.