Diego Araujo Sánchez

El 30-S, herida abierta

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El contralor de la década correísta removió la herida al acusar al Fiscal de haber recibido remuneraciones de los gastos reservados de la Senain cuando presidía la comisión para investigar el aciago 30 de septiembre de 2010; y lo acusó de haber utilizado recursos para editar videos que favorecieran la versión oficial de intentos de golpe de Estado y magnicidio.

Abogados y familiares de los uniformados sentenciados por los hechos de ese día piden una nueva comisión de la verdad. El país no cuenta con una investigación confiable e independiente.

Se han escrito centenares de páginas para apuntalar la versión oficial: historiadores y sociólogos vinculados al correísmo se empeñaron en ello y hasta desplegaron, en algún caso, pintorescas categorías de análisis con ese objetivo, como clasificarlo de “golpe de Estado en red pre moderno, posmoderno y transgénico”; la comisión que presidió Baca concluyó que se había dado un intento de “golpe blando”.

El Gobierno desarrolló una sostenida campaña publicitaria, por obra de la cual la trágica y sangrienta página quiso convertirse en el día en que triunfó la democracia… ¿Qué había detrás de esos afanes? Ciertamente se produjo una condenable insubordinación policial; integrantes de tropa de la FAE bloquearon la pista del aeropuerto de Quito y un grupo de militares quemó llantas junto al Ministerio de Defensa.

Eran signos de descontento por la aprobación de la Ley de Servicio Público: una mala explicación de su contenido les llevó a inferir que perdían algunos beneficios.

El país no presentaba condiciones para una aventura golpista: conmoción social, debilidad del Gobierno. Este gozaba del respaldo ciudadano y ejercía dominio en la Legislatura y las demás funciones del Estado. Nunca apareció la cabeza del golpe. El Jefe de las FF.AA. reiteró a media mañana del 30-S la subordinación de los militares al Estado de Derecho y al poder civil.

El presidente cometió una grave imprudencia al meterse en el centro de la sublevación, el Regimiento Quito. Su discurso y gestos desafiantes no aplacaron los ánimos, sino los exacerbaron. Fue vejado al salir del recinto policial; para recibir atención médica se refugió en el Hospital de la Policía. Desde allí mantuvo el control del Gobierno y decretó estado de excepción. Algunos ministros negaron que hubiese golpe de Estado y secuestro. La inquietud laboral se resolvió con los militares por mediación del ministro de Defensa. Esa gestión faltó con los policías.

La incursión de fuerzas especiales para sacar al presidente del hospital dejó un cruento saldo. La herida más dolorosa fue la de los cinco fallecidos: dos militares, dos policías y un joven estudiante; por ella aún sangran sus familiares. Quienes han sufrido cárcel o exilio en nombre de la “verdad oficial” exigen una nueva investigación.