La lealtad de las Fuerzas Armadas a un proyecto político, con el que se los compromete a ser actores directos, alejándolos de sus leyes específicas que norman su funcionamiento imparcial, neutral del debate con las fuerzas políticas y sociales del país; las induce a un pretorianismo coadyuvante con la ineficacia de las instituciones legítimas para procesar los conflictos, abriendo oportunidades para una intervención militar cada vez mayor mediante esquemas hobbesianos.
No han sido simplemente gritos de guerra en los cuarteles, como el “Socialismo Patria o muerte” o “Patria o muerte venceremos”, inspirados en los discursos de Fidel Castro, sino que además como en Venezuela, el Ejército de Bolivia, se declaró, socialista, antiimperialista y anticapitalista (Infobae, 18 noviembre, 2010), hasta verse envueltos en el conflicto político interno afrontando un serio dilema de lealtad política y responsabilidad legal. Utilizar la fuerza para mantener el orden público y al mismo tiempo proteger a la población.
La división se produce al interior de la institución militar por efecto de la imposición de ideologías y por la incorporación de procedimientos y prácticas civiles, lo cual produce un quiebre de la cohesión, subordinación, jerarquización, moral y disciplina, valores inmanentes de la institución.
En Bolivia ante las marchas de protesta de suboficiales y sargentos por una “descolonización” de las FF.AA., que elimine el racismo y la discriminación, como respuesta se opta por el “retiro obligatorio” de 715 efectivos que participaron en la rebelión, luego se dejan sin efecto la decisión para 187 y después para 243.
Los suboficiales organizados, previamente dieron un plazo de 72 horas al Alto Mando Militar para que dejaran sin efecto la baja de sus “camaradas” y declararon que solo aceptarían dialogar con presencia de la Defensoría del Pueblo y de los derechos humanos, teniendo de por medio el proyecto de ley que no había sido “socializada”; razón por la cual pidieron un diálogo entre el Alto Mando Militar y los militares de baja graduación movilizados para que la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, se debata, siguiendo una propuesta de la Asamblea Permanente de los DD.HH. de Bolivia.
Las rebeliones militares comienzan a ser vistas como procedimientos normales, como alternativa a problemas institucionales que no encuentran solución en el nivel político administrativo como es el Ministerio de Defensa, con directa participación militar.
También se está viendo como normal la falta de liderazgo, de capacidad de gestión institucional y de ética política para medir consecuencias de la desatención a los problemas. Una vez resuelta la crisis no se asumen ni se miden las responsabilidades por la emisión y omisión de órdenes: sino más bien se considera como una habilidad negociadora de la autoridad.
No se puede admitir un desgobierno del sector defensa. La dedicación absolutamente profesional y despolitización de las Fueras Armadas es un imperativo para la paz y el fortalecimiento democrático.