Dimitri Barreto P.

Ejecución extrajudicial tras ‘El Niño del Terror’

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La madrugada del 16 de enero de 1992 se perpetró un crimen que sigue impune. Cerca de las 04:30, hombres de un grupo de élite de la Policía incursionaron en una casa de la avenida América y Diguja, norte de Quito, el hogar de la familia Hermosa Suárez.

Juan Fernando Hermosa dormía junto a su madre adoptiva, Zoila Amada Suárez Mejía, que adolecía de artritis y falta de audición, cuando 11 balas de 9 milímetros fueron descargadas en el cuerpo de la mujer. 


Hermosa fue detenido allí, sin un rasguño, llevado con los ojos vendados al expenal García Moreno. Él -según la Policía- lideraba la ‘Pandilla del Terror’, condenado por la Policía -primero- y por la Justicia -después- por los asesinatos de 10 homosexuales, ocho taxistas, un chofer de camioneta, un ayudante.


El caso Suárez configura una ejecución extrajudicial. Así lo recoge la Comisión de la Verdad. 23 años después, se investiga a ocho personas. En ese marco, la Fiscalía ha develado al final del 2015 un hecho que causa desazón: la Policía se niega a dar información del suceso.


¿Se niega? ¿Y en Ecuador no se inauguró el sistema penal acusatorio, con fiscales con autonomía para la acción penal pública? ¿Acaso la Fiscalía no está a cargo del sistema “de investigación, de medicina legal y ciencias forenses”, como está escrito en la Constitución?


“En la reunión de esta mañana, expresamos la preocupación de la Fiscalía sobre la negativa de presentar información respecto al caso Amada Suárez”, enunciaba el Fiscal, tras visitar al Ministro de Seguridad, el miércoles.


Los policías, en el vigente sistema acusatorio, son agentes auxiliares de la Fiscalía. De hecho, el Código Integral Penal castiga con 5 años de cárcel al agente que se resista a cumplir un requerimiento de la Fiscalía.

Que el Fiscal General recurra a una Cartera de Estado en busca de colaboración policial para esclarecer un crimen o es señal de cuán independiente es la Justicia o evidencia del lastre del sistema penal policial.

Esos días en los que la voz de los policías -y no la evidencia científica- eran prueba madre para sentenciar o absolver a los ciudadanos deben sepultarse.