El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, acaban de firmar un histórico acuerdo que busca poner fin a más de 52 años de guerra interna.
Aunque la firma del acuerdo de paz implica para las FARC desmovilizarse, entregar las armas y reinsertarse en la sociedad, no significa que el conflicto se acabó. Hay otros grupos armados que seguramente van a ocupar el espacio dejado por las FARC. Me refiero al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas, personas y armas, entre otras actividades ilícitas. Con ello, la violencia en ciertas zonas de Colombia no solo se mantendrá sino que incluso tenderá a recrudecerse.
De este modo, los escenarios probables de lo que se ha llamado “posconflicto” para el Ecuador no son de mayor seguridad sino todo lo contrario. No es nada aventurado pensar que las guerras internas que se desaten entre otros grupos armados generen un mayor número de desplazados y refugiados; que los desmovilizados, por temor de ser ajusticiados, pasen la frontera; que esos grupos armados expandan su actividad en Ecuador; que la presión en términos de servicios de salud y educación en nuestro país aumente por la presencia de desplazados; que la actividad del narcotráfico se incremente, entre otros aspectos.
Para enfrentar estos posibles escenarios se van a requerir ingentes recursos. Sin embargo, el presidente Rafael Correa ha dicho que se va a reducir en un 80% el personal de seguridad dispuesto a lo largo de la frontera e incluso los USD 120 millones que se gastan anualmente en esas zonas.
No. El presidente Correa nuevamente se equivoca. En lugar de tener una diplomacia que no juega a nada, lo lógico sería que inste al gobierno colombiano a pagar la factura que la guerra le ha generado hasta ahora al Ecuador.
¿Por qué razón el Estado ecuatoriano tiene que asumir el costo en educación y salud que generan los desplazados? Ecuador es el país de la región que alberga al mayor número de refugiados colombianos. ¿Quién paga la factura de tener en nuestro país a esas 57 325 personas? ¿Somos conscientes de los efectos y costos que tiene la inseguridad derivada el conflicto colombiano a la economía formal del Ecuador?
Sin embargo, tras la firma del Acuerdo de Paz las autoridades de Colombia han dicho que van a requerir cerca de USD 27 600 millones en carreteras rurales, agua potable, vivienda, salud, electrificación rural, salud y educación. ¿Tenemos acaso la cifra de lo que nos ha costado y nos va a seguir costando como país el conflicto interno de nuestro país vecino?
Colombia, acostumbrada a no cumplir sus compromisos con Ecuador, debe en esta ocasión tomar otra postura. Fundamentalmente, asumir sus responsabilidades. Los efectos negativos derivados de las fumigaciones a lo largo de la frontera no han sido atendidos a cabalidad. No se diga todo lo que ha generado el conflicto armado hasta ahora.