2 de May de 2014 00:02

Estado y guardias privados

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El 17 de enero del año 2011 el Régimen tomó una decisión: la Policía Nacional dejaría la custodia de los edificios y entidades públicas. Para ello emitió el Decreto Ejecutivo 632.

Con esta alta disposición la Policía se dedica a las tareas de seguridad ciudadana y patrullaje y a mantener el orden público. Como se recordará, se despertó una polémica sobre las tareas de los miembros de las Fuerzas Armadas como apoyo a la seguridad interna y a las obligaciones primordiales de los soldados de mantener a salvo las fronteras y velar por la soberanía y la integridad territorial.

A pesar de los esfuerzos denodados y reconocidos de la creación de Unidades de Policía Comunitaria, cada vez mejor dotadas de equipos de comunicación, y por encima de las estadísticas oficiales, la ciudadanía sigue percibiendo a la seguridad como un problema mayor.

El negocio de la seguridad privada creció. En el año 2012 el Estado gastó USD 54 millones en pagos a empresas de seguridad privada, mientras el año pasado, según los datos obtenidos por EL COMERCIO, la cifra ascendió a USD 99 millones.

En cuanto a la presencia de guardias privados en tareas de seguridad en edificios y propiedades del Estado, los expertos aseguran que se los debe preparar mejor. Además de la preparación de quienes ahora tienen el encargo de vigilar las dependencias, debe ser de primer orden el equipamiento y la dotación de comunicación y alertas a la Policía.

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