Voto popular y CIDH

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A pocos días del contundente resultado de la consulta popular y el referendo, la petición de la CIDH de solicitar medidas provisionales llamó la atención.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPPCS) fue un resultado de Montecristi; un ente disfrazado de representación ciudadana que consolidó el poder gubernamental.

En la práctica se constituyó en otro instrumento de la concentración de poder extrema que idearon el expresidente y su grupo político, con resultados que terminaron perjudicando el ejercicio de la democracia y el control y la transparencia, indispensables para el pulcro manejo de los bienes y dineros públicos de todos los ecuatorianos.

El Presidente y varios grupos que impulsaron la consulta y referendo, optaron por el cese de funciones del CPCCS, por un Consejo de transición y una futura elección popular.

La Comisión Interamericana para Derechos Humanos solicitó que la Corte Interamericana dé paso a medidas provisionales en favor de los miembros del CPCCS, ante a un recurso que interpusieron en diciembre pasado.

Es curioso que el pronunciamiento de la Comisión llegue una vez que el pueblo se pronunció categóricamente a favor de la propuesta presidencial.

El Presidente habló con el Secretario General de la OEA y le pidió respetar el mandato popular, visión en la que coincide el Legislativo. Un tema que la Corte deberá tomar en cuenta ante la eventualidad de admitir la solicitud.