La coyuntura política y legal hace que el Distrito Metropolitano de Quito y su Alcalde deban resolver en corto plazo dos aspectos claves: una alternativa integral para el transporte público y la actual estructura tarifaria.Un Metro es, quizá, la base para una solución al problema del tránsito y la movilidad.
Será básico saber con precisión si los estudios que dejó la administración del alcalde Barrera contaban con sustento financiero. Si es así, puede seguir adelante el proyecto, que tampoco se hará de la noche a la mañana y sin molestias para los vecinos de Quito.
Pero si esos estudios no tienen sustento o los dineros estipulados en el proyecto inicial son insuficientes, será vital saber si el presidente Rafael Correa está comprometido con la capital, no solamente para entregar los fondos ya presupuestados sino para poner el faltante y hacer posible la obra.
Es un tema que pasa por la política, pero también por las urgencias y ajustes de las arcas fiscales nacionales.
Si la decisión es abortar el proyecto, el alcalde Mauricio Rodas debe idear y presentar con premura una alternativa viable y definitiva.
Mientras eso ocurre, la coyuntura legal y política entrega en las manos del Municipio las competencias de transporte con una fórmula de cálculo de tarifas que otorga la Agencia Nacional de Tránsito, dependiente del Gobierno central, y que será el reto del Alcalde mientras la gente pide un servicio asequible pero sobre todo de calidad y seguridad.