La práctica parlamentaria de la revolución ciudadana se asimila tanto a la tan atacada y farragosa ‘partidocracia’, que amenaza reproducirla. El proyecto de Ley de Educación Superior parece correr una suerte atada a la consecución de votos para aprobar la ley de medios que el Gobierno quiere alcanzar para controlar el ejercicio de la prensa libre. Los largos debates no han sido suficientes para que la mayoría gobiernista sume a otros legisladores de distintas bancadas. Pero poco a poco se va descubriendo que los intereses particulares o los ofrecimientos de temas puntuales serían el matiz que cobra el ‘cambio de época’ que ofrecieron. Una forma de dorar la píldora, de lo que antes era el tan denostado maletín a cambio de compromisos demagógicos. El toma y daca del siglo XXI.
La Constitución del Ecuador, en su artículo 126, numeral 2, dice claramente que los asambleístas no podrán ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea.
Si la oferta de apertura de universidades en distintas provincias es la moneda de cambio para conseguir los votos por encima de los principios y las posturas ideológicas, se verá en las votaciones de los próximos días. Por el momento hay un legislador que defiende su ‘derecho’ a llevar obras a su provincia, desconociendo que las labores de los asambleístas son legislar y fiscalizar, precisamente aquellas para las que han demostrado incompetencia, ineficacia, lentitud o compromiso político que, cada vez más, revela que el control unidireccional y vertical del bloque gobiernista intenta anular las conciencias parlamentarias.
Si se cumple el presagio, el apocalíptico jinete de la nueva partidocracia cabalgará a rienda suelta.