Títulos y licencias falsos

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El caso, ciertamente, preocupa por la modalidad empleada y por las repercusiones que empieza a tener.

La prensa del país ya ha informado que un clan de piratas informáticos, a cambio de dinero, registró de manera fraudulenta al menos 366 títulos de tercer nivel en la página electrónica de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt). Y utilizó la misma estratagema en el sitio web de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), para emitir unas 600 licencias de manejo falsificadas.

El doble capítulo de adulteración no queda ahí. Por un lado, entre quienes pagaron por los diplomas inscritos de forma dolosa están algunos funcionarios públicos, según han dicho las autoridades. Por otro, según lo ha advertido el fiscal general Galo Chiriboga, hay abogados con títulos falsos que han actuado en audiencias judiciales y que al hacerlo anulan los procesos.

Aunque falta una verificación profunda, un episodio así pudo darse en el caso que se adelanta en contra de autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por supuesta corrupción. Existen dudas sobre la autenticidad del diploma de una abogada defensora.

La falsificación de documentos públicos constituye un delito penado por la Ley; además, es una práctica tramposa de doble vía -hay uno que adultera y otro que paga-. Por ello, se hace necesario que las indagaciones avancen. Además, que el resultado de estas se divulgue con transparencia.