El discurso oficial frente a la presencia de guardias armados en Sarayaku, donde se refugian Cléver Jiménez y dos acompañantes sentenciados por los jueces, toma un giro cada vez más preocupante.
El Presidente anunció que analiza declarar una emergencia en la zona con el fin de buscar al asambleísta, a un periodista asesor de este último y a un médico. Los jueces los sentenciaron por sus expresiones en un tema que, especialmente para la concepción del Mandatario, parece ser un punto de honor intocable: los sucesos del 30-S.
Los sentenciados decidieron hace algunas semanas encontrar protección en algún lugar de la selva. Primero fue en Sarayaku, donde ahora se dice que no están, pues tendrían una estratega itinerante para burlar a sus potenciales captores.
Pero hay otras claves que complejizan la situación. Sarayaku es un pueblo quichua oriental que vive en esa zona de la Amazonía Central desde tiempos inmemoriales. Los intentos de explotar petróleo fueron sellados por un fallo de la Corte Interamericana para los Derechos Humanos a favor del pueblo originario.
Los legisladores constitucionales de Montecristi se insuflaron de patriotismo al hablar de plurinacionalidad y el debate se decantó en una Constitución garantista que considera inalienables las tierras comunitarias.
Estos ingredientes, combinados con la actual situación, ponen a las autoridades bajo una espada de Damocles. Una decisión apresurada sobre el caso pudiera tener consecuencias delicadas.