Tensión en Galápagos

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Con 88 votos, de los 99 con los que cuenta el oficialismo de Alianza País, la Asamblea aprobó, con grescas, la Ley de Galápagos.

La Ley Orgánica de Régimen Especial para Galápagos fue vetada por el presidente Rafael Correa, y la Asamblea se allanó. La sesión parlamentaria estuvo cargada de cruces de palabras entre la vicepresidenta Marcela Aguiñaga, que defendía la postura del Presidente, y dos legisladores insulares: Ángel Vilema, desafiliado de Alianza País, y Fanny Uribe, de Avanza. Los discursos subieron de tono y ‘se sacaron los cueros al sol’ revelando en el Parlamento algunos aspectos que antes, durante los tiempos de cohesión política, parecía que desconocían.
Más allá de las descalificaciones y del conato de agresiones,esta sí parece ser una de las prácticas del pasado que tanto se critican, pero que volvieron.

La Ley establece que para fijar el salario de empleados públicos y privados se multiplique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el porcentaje de la inflación. En el caso de los empleados públicos ahora tienen el 100% más del salario básico y un 75% más los privados. Quienes defienden esta diferencia con los empleados del continente sostienen que el cálculo del IPC no es preciso, desconfían de los datos del Instituto de Estadística y Censos, INEC.

La aprobación del Presidente y su mayoría en la Asamblea pone en vilo a los isleños y las protestas crecen en las ciudades de San Cristóbal, Puerto Ayora e Isabela. Las ‘Islas Encantadas’ son ahora otro foco de tensión y malestar.