12 de December de 2013 00:03

Seguridad y privacidad

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La seguridad se ha convertido en prioridad de la política de Estado. Las cifras de inseguridad y la percepción ciudadana reflejaron durante varios años que esa era una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos.

La instalación de cámaras en calles, plazas y paradas de buses y su seguimiento y reacción desde las unidades de ECU 911 han supuesto tecnología, infraestructura y personal. Las cámaras pueden registrar choques, asaltos y crímenes.

Las cámaras de taxis y buses tienen sistema infrarrojo, GPS de ubicación satelital y botones de pánico para conductores y pasajeros. Su instalación en 55 000 vehículos en las provincias más pobladas en la primera fase espera reducir en 80% la delincuencia en el transporte público. El costo es de USD 94 millones; a fines de año debe estar plenamente instalado.

En todos estos sistemas se puede grabar detalles de los movimientos de personas, no necesariamente anormales, y allí salta otro debate: el de la intimidad de las personas.

A raíz de los atentados terroristas en Nueva York, Madrid y Londres, la instalación de cámaras cundió y la polémica llegó con el dilema de la seguridad colectiva y la libertad individual. El proceso de instalación de botones de pánico en los barrios es un clamor de la gente que genera sensación de seguridad, aunque su efectividad todavía está puesta a prueba. La gente demanda, el Estado responde: es realmente un tema nacional.

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