La seguridad es un derecho de todos. En una sociedad acosada por la delincuencia y la violencia, la seguridad en los espectáculos públicos es prioritaria. Además hay que ser rigurosos con la organización y la comodidad de los espectadores.
No es aconsejable que la Policía se desentienda, también, de la seguridad en los espectáculos.
Un reciente concierto masivo en el estadio Olímpico tuvo fallas de organización. Los asientos de los espectadores que habían pagado buen precio no eran respetados y además muchos de los asistentes querían acercarse a los artistas, y los guardias de seguridad privados contratados para el efecto no se dieron abasto para contener a los fanáticos.
Este hecho es preocupante en un momento en el cual se estudia la salida definitiva de la Fuerza Pública del interior de los escenarios. El argumento esgrimido es que, como se trata de espectáculos que generan dinero, el promotor debe pagar por su seguridad. Pero si la seguridad es un bien público, ¿ no es correcto que esa tarea corra a cargo de la Policía? En muchas ocasiones los promotores de eventos pagan sumas importantes a la propia Policía para que dé a los ciudadanos que pagan sus impuestos lo que merecen.
En este mismo momento, la violencia es una realidad en los estadios de fútbol. El reciente episodio en un partido del popular Aucas solo ilustra una parte del problema. Las barras camorreras desobedecen las normas de bienestar colectivo, hay agresiones a los actores del espectáculo y las peleas entre rivales ya se han cobrado víctimas mortales.
Los amantes del fútbol, de la música y de otras actividades deportivas y culturales tienen derecho a la protección, a su integridad y seguridad de sus familias. El tema impone una reflexión severa antes de adoptar medidas definitivas.