SANTOS Y LA CIDH

El p residente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirm ó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ratificando la decisión del Procurador y desoyendo las medidas cautela r es de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH pidió al Gobierno suspender el proceso de destitución de Petro, que se garanticen sus derechos políticos y se cumpla el mandato popular.

Todo empezó cuando el Procurador cesó al Alcalde. Esta semana, una corte ratificó la destitución desconociendo los recursos interpuestos. Así, todo quedaba en manos del Presidente.

La medida de la CIDH a favor de Petro no fue óbice para que el Presidente prosiguiera con su destitución . La canciller colombiana, María Ángela Holguín, arguyó que el proceso era administrativo.

Petro es un exguerrillero. Llegó a la Alcaldía por elección popular por una alianza de izquierda. Fue destituido de su cargo por el mal manejo de la basura.

Más allá del detalle del caso que acarreó su destitución, es grave, muy grave que un Gobierno signatario de tratados internacionales ahora no acate una resolución del organismo supranacional.

La CIDH ha cumplido un papel fundamental en derechos humanos y libertad de expresión. Su tarea es independiente de banderías políticas y así lo ha demostrado. Los gobiernos de Venezuela y Ecuador la han cuestionado recientemente; ahora Colombia desconoce la decisión del organismo indispensable para la vigencia de los derechos.

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