Gustavo P etro vuelve a la Alcaldía de Bogotá. Su retorno, después de un debatido proceso público, se produce por un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que determina que el Estado debe acatar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana para los Derechos Humano s , con sede en Washington, para devolver a l Burgomaestre a su cargo.
Petro fue destituido por una decisión del Procurador General de Colombia. Tras la expedición de las medidas cautelares, el Presidente, quien además es candidato a la reelección, desoyó el pedido del ente continental.
Pero ahora el mandatario Juan Manuel Santos acata la decisión y da una lección de respeto al Estado de derecho. Santos dijo: ‘No tengo alternativa, simplemente es el cumplimiento de la ley. A unos les puede gustar y a otros no’.
La ejecutoria de Gustavo Petro, militante de la izquierda vinculada en el pasado a grupos insurgentes, fue polémica. Muchas de sus decisiones fueron cuestionadas y la popularidad del Alcalde sufrió un severo desgaste. Mientras se conoció el pronunciamiento radical del Procurador destituyendo al Burgomaestre, estaba en camino un proceso de revocatoria de mandato que seguía los pasos que manda el ordenamiento jurídico colombiano. Ese proceso de revocatoria pudiera reactivarse.
Más allá de los detalles sobre la popularidad y eficiencia de la administración Petro, la decisión del Presidente de acatar una decisión judicial es una apuesta por la vigencia plena del Estado de derecho.