Un mes y horas después del inicio de la aplicación de salvaguardias cambiarias a productos de Colombia y del Perú, el Gobierno ecuatoriano ha tomado la decisión de frenar ese mecanismo. No obstante, ha dejado la puerta abierta a la adopción de otras medidas, en especial con el primer país, si este resulta afectado por devaluaciones futuras por efecto de la apreciación del dólar estadounidense.
El levantamiento de los aranceles, que permitió la recaudación por parte de la Aduana de USD 14,1 millones, se completará a partir del 23 de febrero.
La resolución del Ejecutivo del presidente Rafael Correa ha sido saludada por los sectores empresariales de los tres países, que se reunieron en Quito. Es más, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera, dijo que se corrigió un “error”. También ha insistido en la necesidad de tener “una política de comercio exterior seria”.
En todo caso, la imposición de las medidas de salvaguardia y su posterior eliminación gradual en un período corto debieran dejar experiencias sobre el manejo de asuntos tan sensibles como este. Se trata de un tema que involucra a terceros Estados, cada uno con sus propias dinámicas e intereses comerciales.
Como un ejemplo de lo que debiera hacerse en este tipo de coyunturas, Ecuador ya ha acordado con Colombia la integración de una comisión bilateral, para definir en forma conjunta las medidas comerciales más favorables para ambos países. Este, con seguridad, es el procedimiento más aconsejable.