En un proceso que, cabe decirlo, está rodeado por la controversia, el Senado de Brasil definió ayer el destino político de la presidenta Dilma Rousseff.
La sucesora del popular exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva fue separada de su cargo por 180 días.
En ese tiempo la Primera Magistratura de la mayor economía de la región estará a cargo del vicepresidente Michel Temer. Este es militante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, un exaliado que dio la espalda al Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), en el poder desde el 2003.
A juzgar por la desventaja que el oficialista PT tiene en el Congreso bicameral, el cese temporal del mandato de Rousseff implica el serio riesgo de una muerte política de la gobernante. Existen fundadas dudas acerca de su retorno al presidencial Palacio de Planalto, para terminar el mandato. En el horizonte, aparece como más probable la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas.
El relevo temporal de la cabeza de Gobierno se produce con el telón de fondo de una crisis económica, política y ética que zarandea a Brasil.
Las denuncias de presunta corrupción han terminado por salpicar a todo el espectro político y han dado lugar al adiós, que puede ser definitivo, de una jefa de Estado seriamente cuestionada, pero que ha dicho que seguirá dando batalla.
En un escenario así, muy complejo, es preciso abogar para que Brasil salga de su crisis por la vía constitucional y legal.