El Gobierno lanzó la XI Ronda Petrolera que causa polémica en las comunidades indígenas, a las puertas de una campaña electoral. 20 empresas expresan interés. La modalidad adoptada por el Gobierno para el anuncio de las bases para participar en la XI Ronda Petrolera, es parecida a la empleada en 10 ocasiones anteriores. Sin embargo, en esta vez las comunidades indígenas muestran su malestar.
La XI Ronda comprende 16 bloques en el suroriente del país. Todos están en zonas selváticas de las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Los representantes indígenas del pueblo Shuar y la dirigencia de la Confeniae (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana) argumentan que la Constitución consagra que la vida es siempre primero.
Una Constitución garantista como la vigente se proclama respetuosa de la diversidad étnica y cultural y habla de la consulta previa. Se debate si el resultado de esa consulta debe ser o no vinculante y esa polémica ya ha conllevado conflictos en las zonas de explotación minera. Los indígenas manifestaron su descontento frente un lujoso hotel donde se llevó a efecto la ronda.
Toda una curiosidad supone que empresas de Turquía y Vietnam, y sobre todo de Bielorrusia, se unan a las estadounidenses, colombianas, peruanas y hasta chinas. No todas las empresas pertenecen a países donde existe modelo democrático ni buenas prácticas ambientales, cuya exigencia debería ser prioritaria para el Ecuador.
Que se llame a licitación justo a las puertas de una campaña electoral puede traer polémica. El Gobierno busca ampliar sus reservas, pero esa urgencia manifestada por el Estado de una ronda cuya realización estaba planificada hace tiempo puede, sin embargo, condicionar su desarrollo.