13 de December de 2011 00:02

RIESGOS EXPLOSIVOS

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La noticia volvió a conmocionar a la capital. El estallido de un depósito de explosivos en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía, ubicado en Pusuquí, en el norte de Quito, causó heridos, conllevó daños materiales y provocó susto y congestión vehicular.

El accidente trajo a la memoria dos explosiones en instalaciones militares. La una, sucedida en La Balbina, en el valle de Los Chillos, con una potencia de 300 toneladas y una liberación de energía equivalente a un sismo de 4 grados en escala Richter, el 8 de julio de 1997. La otra, tremenda, ocurrida el 20 de noviembre de 2002 en la Brigada Blindada Galápagos, en Riobamba.

Aún se recuerdan los terribles destrozos, las muertes y los heridos, así como los traumas causados a los vecinos de ambas zonas. Y una vez más los ciudadanos nos preguntamos por la fragilidad de las zonas pobladas y la urgencia de tener instalaciones adecuadas, construcciones con estructura de férrea ingeniería y a una distancia prudente de las zonas pobladas.

El exagerado crecimiento de las ciudades va conquistando espacios verdes y en los alrededores de los cuarteles militares, como ocurre con aeropuertos y depósitos de gas y combustibles, la construcción luce indetenible, ya sea por falta de normas de control o de voluntad política de las autoridades seccionales para hacer cumplir las reglas vigentes. La explosión de Pusuquí vuelve el debate. El Municipio tiene la obligación de discutir el tema y buscar soluciones. El Estado tiene la tarea de hacer las inversiones para garantizar que las instalaciones militares y policiales guarden una distancia adecuada de las zonas pobladas.

L a vida de las personas, su bienestar y la preservación de sus bienes es la razón de ser de su existencia jurídica.

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